El Gobierno enumeró al menos ocho delitos que están cometiendo los gremios, durante la audiencia que fue realizada el sábado, horas previas a que se decidiera levantar el corte en el acceso a Ushuaia. Cómo se desarrollo el encuentro. La posición que fijó el Gobierno y la de los sindicatos. Cuántos fueron los referentes que se hicieron presentes. La audiencia selló el camino para descomprimir la tensión que se generaba por cada día de corte de ruta, con enfrentamientos entre automovilistas que querían ingresar o salir de la ciudad y los que mantenían el piquete.
USHUAIA.- Al menos ocho delitos fueron enumerados por el ministro de Gobierno, Gastón Díaz, durante la audiencia que este sábado hubo en el ámbito del Juzgado Laboral, a cargo del Juez Guillermo Penza, en el cual los gremios estatales volvieron a rechazar cualquier apertura del diálogo sin la previa derogación de las leyes 1068, 1070, 1071, 1072, 1075 y 1076.
Fueron 23 las entidades sindicales representadas en esa audiencia, donde la vocera, Elisa Dietrich, de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), ratificó la posición de los gremios de pedir la derogación de las leyes sancionadas el pasado 8 de enero.
El ministro Gastón Díaz subrayó que como está la situación actual, “no existe un equilibrio entre las partes en el marco actual, en el que se están cometiendo delitos en detrimento no sólo del Gobierno sino de la comunidad toda, de modo que el eventual acuerdo que podría desprenderse sería producto de una actitud extorsiva y/o coactiva”.
El funcionario de Gobierno indicó que la “apertura del diálogo necesariamente está condicionada al cese de la comisión de los distintos delitos e ilícitos que se encuentran en ejecución a saber: Corte de ruta y arterias de la ciudad amenazas, escraches a fin de torcer la voluntad de un funcionario (coacción agravada e instigación al tumulto), desabastecimiento de combustible, gas y comestibles, lesión de la libre circulación de personas y bienes, daños y lesiones personales, impedimento para el ingreso a los puestos de trabajo en las distintas reparticiones públicas, incluida la Casa de Gobierno”.
Gastón Díaz dejó asentado en el acta labrada en el Juzgado que “una vez cumplido el llamamiento al orden, estamos en condiciones de empezar una mesa de trabajo técnico, dentro del ámbito de competencia de este Poder Ejecutivo, ya sea mediante reglamentación normativa y/o acuerdos sectoriales o paritarios”.
Posición gremial
Por su parte, la unidad de gremios dejo de manifiesto ante el juez Penza que “mantiene la voluntad de continuar con el diálogo y que solicitan al Poder Ejecutivo un nuevo encuentro con la participación del bloque de Legisladores del oficialismo y acceder a las peticiones” planteadas.
En caso que el Gobierno acceda a lo pedido por los Sindicatos, estos se comprometen a poner a “consideración de las asambleas la flexibilización de las medidas de acción directa que facilite la negociación”.
Desmentida de delitos
Dietrich, en su exposición ante el Magistrado, negó “rotundamente la acusación en la que incurre el Ministro Díaz, así como también las prácticas extorsivas de las que se nos acusa, toda vez que como ya hemos expuesto, el conflicto cuenta con más de 50 días, dentro de los cuales se han tomado numerosas medidas de diferente magnitud (estado de asamblea, alerta y movilización, asambleas informativas, paros por 24 y 48 horas), pretendiendo de ese modo que el Gobierno atienda el reclamo de la unidad de gremios, sin que ello sea posible, lo cual explica el estado actual de las medidas de acción directa”.
Nómina de gremialistas
La siguiente es la nómina de representantes gremiales que acudieron a la audiencia que fue convocada por el juez Laboral Guillermo Penza:
-Patricia Blanco por los jubilados autoconvocados.
-Oscar Umführer, de Personal Jerárquicos.
-Pablo Isidro Molina, del Programa de Entrenamiento Laboral.
-Segundo Rodríguez, del Centro de Jubilados de ATE
-Jorge Saravia, secretario adjunto de ATSA.
-Sandra Esperón, secretaria general SOEM.
-Ariel Bugliogo, secretario de la seccional Patagonia Luz y Fuerza.
-Pedro Villarreal, secretario adjunto del Sindicato Austral de Luz y Fuerza.
-José Luis Piedra y Verónica Attiz, de la Asociación de Profesionales Universitarios Fueguinos del Estado.
-Rafael Ponce y Marcelo Kuba del SEJUP (Judiciales).
-Elisa Dietrich, secretaria general de APOC.
-Marcelo Levicoy secretario general de SADEM.
-Gustavo Fernández, secretario general de la Asociación Bancaria.
-José Darío Gómez, secretario general de la Asociación Fueguina de Empleados Públicos.
-Juan Espinosa, secretario general de SUTAP.
-Waldo Petriette, delegado de UPCN en la Dirección de Puertos.
-Horacio Catena, SUTEF.
-Roberto Camacho, secretario general de CTA.
-María Fernanda Chinicola y Daniela Gómez en representación de SOEM.
-José Gutiérrez de ASOEM.
-Franco Castillo, COPAR, ATE y Puertos.
-Carlos Córdoba de ATE.
La posición de los gremios
En el acta conformada en el Juzgado, la siguiente fue la posición que expusieron los gremialistas:
-Argumento falaz, de no negociar con quien se encuentra en medidas de fuerza, ello así toda vez que el mismo Ministro ha reconocido que se sentó a negociar con gremios en forma particular aun cuanto participaban también de las medidas de acción directa.
-Falta de voluntad de convocar a los legisladores del bloque oficialista, toda vez que el Ministro Díaz a circunscripto su facultad de actuación a la órbita de competencia del Poder Ejecutivo y que el reclamo de la unidad de gremios conlleva necesariamente la modificación y/o derogación de leyes y/o artículos vigentes, solicitado que fuera una convocatoria con Legisladores, el Ministro se ha negado.
-Negativa de presentar un anteproyecto de ley a fin de modificar las leyes antes mencionadas.
-La pretensión maliciosa de negociar con cada gremio en particular extremos que no tienen que ver con el reclamo que nos convoca, que como ya se dijo es común a todos los gremios, siendo con dicha unidad con quien se debería arribar a la solución del conflicto.
