USHUAIA.- El jefe de gabinete, Sergio Araque, se refirió al proyecto aprobado en la última sesión legislativa, sobre la quita del 30% de la recaudación provincial en concepto de tasas de verificación de procesos productivos de la pesca y de la industria, para ser afectado a los municipios; ratificando que su aplicación provocará un desfinanciamiento del Estado provincial.
En este sentido, el funcionario detalló que el impacto afectaría al último bimestre en más de 42 millones de pesos y en más de 220 para el año entrante.
Por otro lado informó que durante 2016 se estima recaudar en tasas “aproximadamente 715 millones de pesos, por lo que el hecho de destinar un 30% a los municipios es asignar prácticamente 215 millones de pesos que se deducen de las arcas provinciales”.
Asimismo, Araque manifestó que otra cuestión que da fundamento al pedido de veto de la ley, “se basa en que la misma viola el régimen de coparticipación, al incorporar un tributo no previsto para su participación con las municipalidades; ya que excluye del alcance de manera injustificada y violatoria del principio de igualdad, a la municipalidad de Tolhuin”.
De este modo, el Jefe de Gabinete insistió en el compromiso asumido al inicio de 2015, respecto a no comprometer los recursos del Estado “ni presentes, ni futuros y para lo cual se ha realizado un arduo trabajado, suscribiendo los distintos acuerdos salariales con los sectores de los trabajadores, en base a la capacidad presupuestaria que puede soportar el Estado”.
De acuerdo a lo expuesto por la Dirección General de Rentas, esta ley distorsiona el sentido del cobro de la tasa al desviar la afectación de los montos de la misma, a un destino distinto; siendo pasible de ser impugnada por los contribuyentes, por cuanto la aplicación de una tasa remunerativa de servicios, implica la afectación de lo recaudado, al financiamiento de la prestación de un servicio concreto, efectivo e individualizado, que el Estado brinda a los propios contribuyentes.
Es decir que, los montos no pueden tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación.