BUENOS AIRES (NA).- La Cámara de Diputados sesionará hoy para convertir en ley dos proyectos de reparación económica destinados a los extrabajadores de YPF que fueron excluidos del pago de las acciones del Programa Propiedad Participada y a las víctimas del atentado a la AMIA.
Ambas iniciativas figuran entre los temas pendientes del Congreso desde hace meses o años y sufrieron diversas demoras, por lo que ahora la Cámara baja tratará de convertirlas en ley en una sola sesión.
El proyecto de indemnización para los extrabajadores de YPF fue aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2014, pero el Senado le hizo modificaciones y esto obligó a devolver el proyecto a la Cámara baja, donde tendría consenso de todas las fuerzas para ser aprobado.
La iniciativa plantea una reparación económica para los casi 30 mil extrabajadores de la petrolera que fueron excluidos del pago de las acciones del Programa Propiedad Participada, a través de una resolución propiciada por el exministro de Economía Domingo Cavallo.
Se establece que cada uno reciba una indemnización de 956 acciones de la empresa y, de acuerdo a los cambios que le hizo el Senado al proyecto, el valor de la acción no podrá ser inferior a los 311 pesos.
El otro proyecto destacado de la sesión será el que propone el pago de una indemnización a las víctimas del atentado perpetrado en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 150 heridos, y que fue aprobado en 2011 por el Senado, pero Diputados nunca lo trató.
Luego de perder estado parlamentario en 2013, el Senado retomó la iniciativa este año y volvió a aprobarla, por lo que la Cámara baja prevé ahora convertirla en ley.
El proyecto establece el pago “por única vez” de un “beneficio extraordinario” a “través de sus herederos o derecho habientes o por sí, según el caso, a las personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas”.
Según el texto, los herederos de los fallecidos percibirán una indemnización igual a lo que cobran “los agentes Nivel A, Grado 0 del Escalafón del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público multiplicado por el coeficiente 100”, lo que equivale a 1,5 millones de pesos, aproximadamente.
Quienes hayan sufrido lesiones gravísimas percibirán el 70 por ciento de ese monto y los heridos graves, un 60 por ciento de la cifra mencionada.
No obstante, el proyecto señala que para cobrar la indemnización los beneficiarios que mantengan una demanda judicial contra el Estado deberán desistir de ella y, quienes no la haya realizado, deberán renunciar a hacerlo en el futuro.