BUENOS AIRES (NA).- La Cámara de Diputados prevé sesionar hoy para votar el paquete de proyectos de ley que permitirá poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal a partir del 1 de marzo de 2016.
La sesión especial fue convocada para las 14:00 y además de los cinco proyectos referidos a la implementación del nuevo Código se incluirá la iniciativa para regular el sistema de subrogancias en tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia.
La batería de proyectos ya cuenta con la aprobación del Senado y el oficialismo confía en convertirlos en ley durante la sesión de este miércoles, pese a las objeciones de la UCR, el PRO y el FAP a la mayor parte de las iniciativas que se discutirán.
El paquete incluye un proyecto de ley de implementación del Código Procesal Penal; otros dos de Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa; otro de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal y un último con modificaciones al Código Penal en materia de causales de suspensión del juicio a prueba.
Durante el debate en comisiones, la oposición sólo apoyó el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa y las modificaciones del Código Penal, pero se expresó en contra del resto del paquete, particularmente, de la iniciativa referida al Ministerio Público Fiscal.
El arco opositor considera que ese proyecto le da «excesivas atribuciones» a la Procuración General, hoy a cargo de Alejandra Gils Carbó, y que «no se contrapesa ni balancea con ningún tipo de control interno y externo».
Por otra parte, la Cámara baja también tiene previsto convertir en ley el proyecto que apunta a regular el sistema de designación jueces subrogantes para tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este proyecto establece que el Consejo de la Magistratura puede designar jueces subrogantes con mayoría absoluta de sus miembros presentes, «en los casos de suspensión, vacancia, recusación, excusación o cualquier otro impedimento de los jueces o juezas» titulares.
De acuerdo a la iniciativa, el Consejo de la Magistratura deberá elaborar «cada seis años» una lista de conjueces «para cada fuero, jurisdicción e instancia» y deberá enviarla al Poder Ejecutivo para su posterior remisión al Senado, que deberá dar su acuerdo.
No obstante, si no hubiere una lista de conjueces con aprobación del Senado, el Consejo podrá nombrar excepcionalmente a un subrogante que no sea conjuez, pero sólo por un plazo de 90 días. Esta iniciativa también fue criticada por la oposición, que la calificó como «inconstitucional» debido a la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura «designe subrogantes a su arbitrio».