El episodio reciente de las criptomonedas, refuerza la conveniencia de revocar las facultades delegadas, evitando que se profundice un escenario de discrecionalidad en la toma de decisiones.
BUENOS AIRES.- La diputada nacional, Andrea Freites, informó sobre la presentación de un proyecto de ley, del bloque de Diputados de Unión por la Patria, para derogar el artículo de la Ley Nacional 27.742, por la cual se delegaron facultades especiales al presidente Javier Milei.
“El Congreso debe recuperar su rol central en la Democracia y ejercer plenamente sus facultades legislativas. A la luz de los hechos, es momento de que el Congreso Nacional recupere facultades que nunca deberían haber sido cedidas”, publicó en sus redes sociales, la diputada Freites.
En su único artículo, el proyecto presentado indica: “Deróguese el título 1, artículo 1ero de la Ley 27.742 sancionada el 8 de julio de 2024, que declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, y delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo, a fin de revocar las facultades delegadas al Ejecutivo por la presente ley en materias determinadas de administración y emergencia, conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional”.
En los fundamentos, señala que en virtud del artículo 76 de la Constitución Nacional, el Congreso de la Nación tiene la facultad de delegar atribuciones legislativas al Poder Ejecutivo en materias determinadas de administración y emergencia, bajo circunstancias excepcionales y por un plazo limitado.
Los presupuestos fácticos que motivaron la delegación establecida en la Ley 27.742, ha sufrido una alteración sustancial a raíz de los hechos de público conocimiento ocurridos el pasado viernes, en los que el Presidente de la Nación fue el protagonista central. Estos acontecimientos generan un escenario que impone una revisión del esquema de delegación vigente, ya que la estabilidad institucional y el adecuado ejercicio de las competencias constitucionales demandan que el Congreso reasume plenamente sus facultades legislativas.
Resulta conveniente y razonable que el Congreso de la Nación restablezca en su totalidad el ejercicio de sus atribuciones, revocando las facultades delegadas, conferidas al Poder Ejecutivo mediante Ley 27.742. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar un adecuado control democrático, preservar el equilibrio de poderes y asegurar que la legislación de emergencia continúe respondiendo a los principios de legalidad, razonabilidad y oportunidad que exige nuestra Constitución Nacional.
Si el presidente, en ejercicio de facultades ordinarias, ha incurrido en la promoción de una criptomoneda sin criterios de supervisión adecuados, resulta razonable cuestionar que otras medidas podría adoptar bajo el paraguas de facultades delegadas que amplían su capacidad de acción sin control parlamentario.
La delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia económica busca dotarlo de herramientas para tomar decisiones en beneficio del interés general. No obstante, el episodio citado refleja una gestión basada en la improvisación y el desconocimiento de principios fundamentales del sistema financiero.
La inestabilidad generada por el hecho en cuestión, que incluso ha trascendido las fronteras nacionales, con cobertura de medios internacionales, da cuenta de la falta de previsión en decisiones que afectan la credibilidad del país.
El episodio reciente refuerza la conveniencia de revocar las facultades delegadas, evitando que se profundice un escenario de discrecionalidad en la toma de decisiones. Esto conllevaría no solamente a que nuestro Congreso Nacional recupere el ejercicio de sus facultades constitucionales, sino que fortalecería la seguridad jurídica, enviando un mensaje claro sobre la necesidad de gobernar con responsabilidad y transparencia.