La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados realizará este martes la cuarta reunión de consulta donde expondrán asociaciones de inquilinos y de corredores inmobiliarios sobre la reforma a la Ley de Alquileres, y luego comenzará una etapa de búsqueda de acuerdos parlamentarios, que está centrado en la extensión de contratos y su actualización.
BUENOS AIRES.- El objetivo acordado entre las bancadas parlamentarias era comenzar el martes el debate parlamentario, pero este viernes las autoridades de la comisión-conducida por la legisladora Cecilia Moreau- decidió realizar otra reunión de consultas con los sectores involucrados en este mercado.
Incluso, el diputado del Frente de Todos (FdT) Lucas Godoy había anticipado el jueves que podían realizar el martes una cuarta jornada informativa con nuevos expositores, luego de las tres reuniones de consultas efectuadas entre el 12 y el 20 de abril donde expusieron más de 120 oradores.
Tras concluir las reuniones informativas donde expusieron las asociaciones de entidades de inquilinos, de martilleras, cámaras inmobiliarias y miembros de Defensa del Consumidor, comenzará el debate interno entre los legisladores.
De este modo es poco probable que en la semana se firme el dictamen de comisión ya que lo más probable es que los legisladores puedan estirar ese plazo hasta la primera semana de mayo, debido a que existen muchas diferencias entre los 27 proyectos presentados por los diputados de diferentes fuerzas políticas.
Los puntos que se discuten es reducir el contrato mínimo de tres a dos años, y la actualización de un año a seis meses, y evaluar algún cambio en el mecanismo para calcular esos ajustes que hoy se establecen en base a la inflación y aumento salarial promedio.
Lo concreto es que a lo largo de las rondas de consultas las diferencias fueron notorias ya que muchas entidades de defensa de los inquilinos expresaron un rotundo rechazo a realizar cualquier cambio, y las inmobiliarios que pidieron modificar la ley para reducir de tres a dos años los contratos y que la actualización se realice semestral en lugar de anual como es en la actualidad.
Uno de los exponentes que expresó su rotundo rechazo a reformar la ley fue el titular de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, quien dijo que “es preocupante que se haya fijado un plan tan corto para analizar una reforma que involucra a nueve millones de inquilinos”, y sostuvo que desde la Federación de Inquilinos “no se quiere cambiar la ley ni que se modifiquen los tres años de contrato ni la actualización anual”.
También señaló que esa norma sufrió “una de las campañas más fuertes en contra de una ley en todos los medios de comunicación, e incluso JxC ha planteado en su campaña la derogación de la ley en nombre de los inquilinos”.
En cambio, José Griselli, titular de la Asociación de Defensa del Inquilino, dijo que se necesita analizar cambios ya que “hay una escasez de inmuebles que viene acompañada de un aumento de las locaciones desde que se sancionó la actual legislación”.
Desde la Cámara de Propietarios de la República Argentina, Enrique Abatti, pidió reformar siete artículos de la norma sancionada hace dos años porque “ha fracasado”, por considerar que cuando interviene el Estado se “termina volviendo en contra de los inquilinos”.
También se expresó a favor de “motorizar fundamentalmente la industria de la construcción, que es la madre de todas las industrias”.