La Unión Civil Social y Cultural Norte Grande presentó una iniciativa legislativa que propone el dictado de una nueva asignatura denominada “Educación sobre la no discriminación y la igualdad”, en todos los niveles educativos para prevenir prácticas discriminatorias en la vida cotidiana.
USHUAIA.- La Unión Civil Social y Cultural Norte Grande, una organización comunitaria con sede en esta ciudad, impulsa un proyecto de ley que establece con carácter obligatorio la enseñanza de la asignatura “Educación sobre la no discriminación y la igualdad” en la currícula educativa de todo el ámbito de la provincia, tanto para establecimientos públicos como privados.
Desde la organización, que tiene una activa participación en la vida pública local, sostienen que “la instrucción formal en todos sus niveles tiene un rol fundamental para internalizar normas, valores y creencias y es una herramienta insustituible para construir la integración social. Seguramente, todos los actores políticos y sociales coinciden que educar es progresar y ese progreso, al que unánimemente aspiramos, también comprende la construcción de una ciudadanía más responsable, más fraterna y más solidaria”.
“Se ha dicho que la verdadera riqueza de una sociedad no es la disposición de recursos materiales, sino la capacidad de organizarse socialmente y crear un espíritu mancomunado para sobreponerse a todos los desafíos”, expresan en el proyecto.
“Desde la perspectiva expuesta no podemos dejar de considerar que, para Tierra del Fuego, el valor de integración social es superlativo. Esa importancia adquiere un rasgo de notoria necesidad en sociedades jóvenes como la nuestra, ya que además de ser la última de las provincias en alcanzar su reconocimiento como tal, ha tenido una evolución poblacional caracterizada por procesos migratorios de todos los rincones de la patria y de países extranjeros, especialmente limítrofes. Es decir que nuestra población es un crisol que reconoce distintos orígenes con una amplia diversidad cultural y multiétnica”.
Desde Norte Grande recordaron que bajo este criterio, “en ocasión de la convocatoria a modificar la carta orgánica municipal de la ciudad de Ushuaia, nuestra asociación propuso la reforma del voto a ciudadanos extranjeros votada unánimemente por el cuerpo constituyente para facilitar su integración como sujetos de derechos políticos y aportar al crecimiento de la ciudad”.
“En esta oportunidad pretendemos generar un marco normativo para que se incorpore en la currícula de los distintos niveles educativos de la provincia la temática de la discriminación, un flagelo que debilita nuestros lazos sociales y humanos y que en Tierra del Fuego es uno de los principales factores de disociación. Solo superando este flagelo podemos hacer realidad una provincia más democrática y plural que valora la diversidad y respeta las diferencias”, sostienen.
Para precisar el concepto destacan que “discriminar es arbitrariamente impedir, obstruir, restringir o menoscabar el pleno ejercicio de los derechos y garantías de ciertos sectores sociales de la población utilizando como pretexto su nacionalidad, etnia, proveniencia geográfica, género, creencias religiosas o políticas, situación social o económica, elección sexual, edad, capacidades o caracteres físicos, etc.”.
Y recuerdan que “el anclaje de esta situación podemos encontrarlo en la construcción de estereotipos impuestos por el medio social y cultural que se aplican de forma general a todas las personas pertenecientes a una categoría. ¿A quiénes discriminamos?, y la respuesta que más inmediatamente surge, es al “diferente”. ¿Diferente de quién o qué? Al modelo o paradigma de lo normal, es decir, varón, blanco, instruido, joven, pudiente, heterosexual, cristiano y sin discapacidad visible.
Por último, los promotores recuerdan que “muchos instrumentos internacionales incorporan disposiciones relativas a la educación para la superación de los problemas sociales, entre ellos la discriminación en el sistema escolar. Entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras”.
La iniciativa legislativa, que ingresó al parlamento en el mes de abril y que aún no recibió tratamiento, establece que el contenido de la nueva asignatura quedará a cargo del Ministerio de Educación, quien también deberá definir la carga horaria de dicha materia.