BUENOS AIRES (NA).- Ejecutivos argentinos se preocupan más por priorizar su situación económica a la hora de ocupar cargos gerenciales negociando elevados salarios y bonos, pero “descuidan los riesgos penales y civiles que asumen ante un eventual lavado de dinero”, entre otros delitos que pueden convertir sus vidas en un “infierno”, advirtió un informe privado.
El Gobierno promulgó el viernes la ley 27401, que establece el régimen de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas y castiga la corrupción privada ante delitos de cohecho, tráfico de influencias, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito, entre otras.
Esta norma impulsada por Cambiemos vendría a subsanar un bache legal histórico para enviar a la cárcel a los hombres de negocios a los que se les comprueben delitos, pero aún así los ejecutivos parecen no tomar conciencia, según un reporte de la agencia Kroll, que brinda soluciones en ciberseguridad.
A partir de ahora la responsabilidad por la comisión de un delito recaerá tanto sobre la empresa como sobre el empleado que lo haya perpetrado, lo que deja más expuestos a los administradores y gerentes.
La acción penal prescribirá a los seis años y en caso de deceso del autor físico, el proceso contra las empresas continuará; pero la firma será eximida de pena cuando denuncie espontáneamente un delito tras una investigación interna.
A pesar de esto, la elevada posibilidad de ir a la cárcel no está entre las preocupaciones del día a día de un CEO, presidente o cualquier otro alto directivo de una empresa, independientemente de su tamaño o rubro.
Cecilia De Maio, directora de Inteligencia sobre los Negocios de Kroll, que presta soluciones de ciberseguridad, explicó a NA que si bien hay empresarios corruptos, algunos caen por negligencia o desinformación sobre cómo cubrirse de los riesgos latentes.
El gerente general de una empresa argentina pasó seis años con prisión preventiva y fue obligado a pagar una caución de 1.000.000 pesos por delitos de lavado del narcotráfico cometidos por la firma que conducía.
La Justicia llevó adelante la investigación y finalmente dictó la falta de mérito dado que el directivo no había participado en el delito e incluso no estaba al tanto del mismo.
“Cuando negocian un cargo directivo, los empresarios están atentos a obtener buenos salarios y bonos, pero no tienen a la Carta de Indemnidad como una variable importante”, explicó De Maio.
Límites de indemnidad
Si bien son cada vez más los ejecutivos que exigen una Carta de Indemnidad por los reclamos que pudieran recibir contra sus personas por decisiones empresariales, se está muy lejos de que esto se convierta en una regla general.
De Maio advierte que en la Argentina los ejecutivos deben negociar los límites de la indemnidad porque aquí hay una cultura económica y política diferente a la de los países de origen de muchas multinacionales.
Esto fue tomado con “sorpresa” por CEO´s, directores, gerentes y empresarios en un evento realizado recientemente por Kroll en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Buenos Aires.
De Maio dijo a NA que los ejecutivos están expuestos a riesgos legales, económicos-financieros, tributarios y reputacionales que pueden llevarlos a la cárcel, a perder su patrimonio y a no poder conseguir un nuevo empleo.
Ya con la reforma del Código Civil y Comercial concretada en 2016 los riesgos se agravaron para los administradores y directivos y ahora la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria completó el escenario.
De Maio sugirió que a la hora de negociar un cargo, cualquier ejecutivo debe establecer cuál es la posición de partida de su gestión, con datos claros sobre administraciones anteriores y respecto de la situación estructural de la compañía.
“Deben estudiar los balances, ver si hay empleados no registrados, entre otros puntos. Los ejecutivos deben aliarse con los directorios para exigir transparencia y así bajar el nivel de riesgos personales”, indicó la experta.
Y agregó que en la Argentina hay muchos hombres de negocios que “son capaces de hacer cualquier cosa” para asegurarse un buen pasar económico, sin tener en cuenta que “el conocimiento es poder” para evitar penurias futuras.
“Un empresario que se está yendo de vacaciones y deja diez cheques firmados en blanco por cualquier necesidad de la compañía asume un enorme riesgo. Si después con eso se paga un soborno, su situación judicial se puede complicar al extremo”, indicó De Maio.