Si bien consideró que no hay objeciones constitucionales para implementar controles de consumo de sustancias prohibidas en el ámbito público, el letrado riograndense criticó algunos aspectos del proyecto que se convirtió en ley. “La principal falla de esta ley que fue sancionada es que trata la adicción como si fuese un delito, como si fuese algo propio de marginales”, reprochó el abogado.
RIO GRANDE.- El abogado del foro local y expresidente del Colegio de Abogados de Río Grande, Francisco ‘Paco’ Giménez, se mostró a favor de la implementación de controles de sustancias prohibidas a funcionarios electos y de carácter político pero planteó objeciones respecto del proyecto que finalmente se aprobó en la Legislatura sobre el cierre de la semana pasada.
Así, comenzó argumentando que “uno no puede estar en desacuerdo con esta norma. En las empresas privadas existen casos donde se les solicita a los empleados que realicen exámenes de orina periódicos. Yo no veo objeción constitucional para esto”.
“Hay sectores del ámbito privado donde los controles son aleatorios y sorpresivos. Esto está avalado por fallos que dicen que es perfectamente constitucional y que no se puede esgrimir una violación a la privacidad”, precisó y a su vez, planteó que “desde el punto de vista constitucional no hay objeciones para que esta ley se reglamente y prospere”.
Sin embargo, criticó respecto del proyecto que sancionó la Legislatura de Tierra del Fuego que “una cosa son los derechos personalísimos y otra son los derechos a la privacidad, cosa de la que se habla en el propio proyecto; ahí hay mala redacción del proyecto, pero la verdad, yo no veo objeciones para que el personal del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, se sometan a controles periódicos”.
Además, consideró que “la principal falla de esta ley que fue sancionada es que trata la adicción como si fuese un delito, como si fuese algo propio de marginales, cuando está dicho por la propia Organización Mundial de la Salud que la adicción es una enfermedad y es un problema de salud pública”.
“Entonces, no se puede sancionar a un legislador con la exclusión de su puesto, por fumarse un porro de marihuana, por más reprochable moralmente que ello sea. Por eso, si comparamos legislación, en Chile, se somete al adicto a un tratamiento y si no lo quiere hacer, ahí sí es excluido y por eso digo que ese es el mayor defecto de este proyecto”, reflexionó.
En ese sentido, prosiguió: “No hay antecedentes de funcionarios que hayan cometido acciones graves en contra del Estado por estar drogados, plantear así que un funcionario puede cometer errores por estar drogado. No hay relación entre droga y mala praxis en la función pública”.
“El proyecto que se aprobó se modificó y abarca también al Poder Judicial. Eso me parece correcto y no es una intromisión al Poder Judicial porque, mal que les pese y pretendan, el Poder Judicial tiene escudo y bandera propia, pero pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego y están alcanzados por las leyes que se sancionan para el ámbito de Tierra del Fuego”, aclaró y sumó: “El problema radica en que, si un test a un juez resulta positivo, yo creo que constitucionalmente esta prohibido remover a un juez por ser consumidor de sustancias prohibidas”.
Para cerrar, Francisco ‘Paco’ Giménez explicó que “el magistrado tiene un sistema especial que establece la Constitución provincial y si la Organización Mundial de la Salud dice que el consumo de drogas es un problema de salud pública, mal el Consejo de la Magistratura puede iniciarle un jury a un magistrado por una causal que se considera un problema de salud”.