El abogado patrocina a Enrique Juan Fernández contra la empresa Megasat SA, perteneciente al grupo Radio Victoria. Los trabajadores siguen estando en una situación de precariedad, “no gozan de ningún tipo de protección del sindicato al que le pagan la cuota sindical, seguro obligatorio y obra social, como sus compañeros efectivos”, dijo el doctor Sanchez Otharán.
RIO GRANDE.- El abogado Néstor Sánchez Otharán lleva adelante otra causa en defensa de los derechos de los trabajadores, en esta oportunidad el letrado patrocina a Enrique Juan Fernández contra la empresa Megasat SA, perteneciente al grupo Radio Victoria.
El Sureño dialogó con Sánchez Otharán, quien también es candidato a legislador en las elecciones que se avecinan del próximo domingo, por la lista 180 -Nuevo Movimiento Popular para la Liberación-, espacio desde donde arremeten contra los representantes sindicales que traicionan a los trabajadores fabriles.
“Hemos logrado un antecedente a partir del fallo de la Justicia que indica que tanto los contratos PPD como los sucesivos, conforman un sistema fraudulento” exaltó el abogado; no obstante lamentó que las autoridades sindicales como gubernamentales continúan justificando lo injustificable.
Afirmó que los trabajadores siguen estando en una situación de precariedad, “no gozan de ningún tipo de protección del sindicato al que le pagan la cuota sindical, seguro obligatorio y obra social, como sus compañeros efectivos”.
Asimismo sindicó también como responsable del escenario de precariedad al Ministerio de Trabajo, “quienes por favores políticos o económicos optan por no proteger al trabajador y salvaguardar su propio sustento”, criticó Sánchez Otharán.
Infringir la ley, camino elegido por fábricas
Contó que a través del caso de su cliente, y otros de similares características, pretenden demostrar a la Justicia que “incumplir la ley sigue siendo un negocio para las fábricas, dado el bajo número de juicios ante los despidos” no se condice con la cantidad real de cesantías que se concretan mensualmente.
Este hecho lo vinculó directamente al “temor que poseen los trabajadores, que lo único que quieren es retener su puesto o alcanzar otro de similares características en otras firmas”, especificó el abogado y candidato a legislador provincial.
Detalló que de este modo, “la ecuación económica para las fábricas sigue siendo positiva”, y prefieren abonar las indemnizaciones que son tarifadas, “siempre que cuenten con el aval del sindicato para infringir la ley”.
