La Legislatura Provincial postergó por sexta vez la puesta en vigencia del Código Contravencional de la provincia, el cual fue aprobado en diciembre de 2014 y debería haber comenzado a aplicarse en 2015.
USHUAIA.- Como viene sucediendo cada año desde diciembre de 2015, la Legislatura volvió a prorrogar el plazo para crear la estructura orgánica necesaria dentro del Poder Judicial para la aplicación del Código Contravencional provincial Ley 1024. El nuevo plazo fijado por los legisladores vence en febrero de 2022 y la medida fue promulgada por el Poder Ejecutivo mediante decreto 3/21 y oficializado ayer en el boletín 4770.
El Código Contravencional de la Provincia fue creado para sancionar las conductas que por acción u omisión dolosa o culposa implican daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos protegidos y que actualmente son castigadas aplicando edictos policiales del año 1975, es decir, de plena dictadura militar.
En este sentido, el código tipifica conductas que afectan las libertades personales, la integridad física, a los niños y adolescentes, derechos personalísimos y la propiedad pública y privada. En otras palabras, la entrada en vigencia de esta norma, permitirá castigar conductas como las peleas callejeras, el hostigamiento, la profanación de tumbas y cadáveres, destruir señales de tránsito, pertubar celebraciones religiosas, afectar servicios de emergencias, manchar o ensuciar bienes, ejercer ilegítimamente una actividad, quebrantar una inhabilitación para conducir y hacer ruidos molestos entre muchas otras conductas insanas, que afectan la vida cotidiana de la gente común.
No obstante, para ponerlo en funcionamiento, se requiere la creación de dos juzgados contravencionales, uno en Río Grande y otro en Ushuaia y la selección de jueces, fiscales, defensores, secretarios y personal que respondan a la importante carga de trabajo que significará la tramitación contravencional de expedientes en las fiscalías y las defensorías.
En 2015, el Superior Tribunal de Justicia envió un proyecto a la Legislatura para reformar su Ley Orgánica 110 que permitiera aplicar el nuevo Código Contravencional, y en aquella oportunidad pidió una ampliación presupuestaria de 28 millones de pesos para poder hacerlo.
En esa oportunidad indicaron que en materia de personal es necesario designar dos jueces, dos fiscales, dos defensores, en todos los casos uno por Distrito Judicial. Además pedían seis secretarios de Primera Instancia, uno por cada juzgado, fiscalía y defensoría y el personal de las dependencias que suman un total de catorce agentes de distintas categorías.
También es preciso nombrar un mediador y un agente administrativo por Distrito Judicial. La cantidad final de personal necesaria para comenzar a aplicar el Código Contravencional, es de treinta personas.
Históricamente, la postergación de la puesta en vigencia del Código, se justificó en la falta de recursos económicos para poder implementarlo, y en los plazos necesarios para llevar adelante el proceso de selección de las personas que desempeñarán dichas tareas.
Sin embargo, esto contrasta con la rapidez con la que semanas atrás se seleccionó a los nuevos jueces del Superior Tribunal de Justicia y con la construcción del imponente y fastuoso edificio para la corte fueguina, cuestiones que demandaron una ampliación del presupuesto del 47% para el Poder Judicial que pasó de 3.165 millones de pesos (reconducido de 2020) a 4.680 millones para 2021.
Así las cosas, en 2021 la Justicia provincial gastará 1.500 millones de pesos más que el año pasado, sin que el Código Contravencional se aplique. O mejor dicho: sin que haya más justicia para la gente de a pie.