La inclusión de alumnos con discapacidad es un reto para las escuelas comunes, en las que el desconocimiento es el principal obstáculo. La docente jubilada y abogada, Ana María Bongiovani, aportó sus conocimientos en la causa que obligó al Ministerio de Educación a adaptarse en el caso de un joven con Síndrome de Down en la escuela de Tolhuin. “Hay serias dificultades, el gran enemigo para la inclusión es el desconocimiento y la desinformación”, dijo.RIO GRANDE.- Desde el 2008, a través de la sanción de la Ley 26.378, la Argentina reconoce el derecho de los niños, adolescentes y adultos con algunas o varias discapacidades a una educación inclusiva en todos los niveles. Como consecuencia, entre el 2007 y 2010 la inclusión se incrementó un 47% en las escuelas comunes, según la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE).
Sin embargo, en el nivel secundario solo el 15% de los jóvenes con discapacidad asisten a un colegio común, y las puertas siguen cerrándose para muchos niños.
A esto se suma la resistencia que surge muchas veces desde los propios colegios, tal es el caso de la escuela secundaria de Tolhuin, donde la Justicia tuvo que obligar este año al Ministerio de Educación a adaptarse a las necesidades pedagógicas de un adolescente con Síndrome de Down, situación que aún no ha quedado resuelta.
Justamente la abogada Ana Bongiovani colaboró en el aspecto técnico de la redacción de la denuncia, aportando sus conocimientos tanto legales como pedagógicos. “El doctor García Casanovas tuvo la gentileza y consideración de pedirme si podía colaborar con él con temas que son educativos porque antes de ser abogada soy profesora y he transitado lo que es la coordinación de lo que es el EGB hasta que me jubilé, y en eso uno adquiere una gran formación pedagógica además de la que trae específica”, contó la abogada.
Bongiovani indicó que “el joven necesita de adecuaciones curriculares, la escuela es la que se debe organizar, el tema es que el niño no debe estar apartado”. En este sentido Bongiovani recordó la experiencia que se llevó adelante en el colegio Polivalente de Artes años atrás donde “hicimos un grupo de chicos con un montón de dificultades, aprendimos lenguaje de señas, a manejarnos con un niño no vidente, con niños con problemas madurativos; teníamos gran colaboración de un grupo de profesores que trabajó muchísimo en ese proyecto”.
Y remarcó que “son los docentes los que debemos aprender a amoldarnos a los tiempos de los chicos, de eso se trata; la nueva ley de educación secundaria habla de velar para que el niño que tiene capacidades diferentes pueda acceder a este tipo de educación en el mismo aula, con el mismo entorno de sus compañeros. Esto se tiene que hacer, es oneroso, y puede ser porque hay muchos maestros especiales que deben acompañar a esos niños”.
“Lo que ha sucedido en Tolhuin y en otras escuelas de la provincia es que ponen a maestros acompañantes que no tienen las condiciones específicas para acompañar a estos jóvenes en ese trayecto. En este caso la jueza mandó un veedor para ordenar un poco la cosa y mientras seguimos resolviendo los tiempos”, remarcó.
La especialista aseguró que “cuando se adapta la clase a un chico con capacidades diferentes, no afecta la pedagogía hacia el resto los estudiantes del aula, asegura Bongiovani. Lo que le afecta es al docente que tiene que adecuar su didáctica al conjunto de los alumnos, si el joven va con un acompañante que tenga experiencia, el docente le entrega los planes y marca como va a ir la clase y el docente acompañante prepara material especial para el joven de acuerdo a lo que le da el docente del aula”.
Y sostuvo que “si queremos una educación mejor, en lugar de dar tanto aumento de sueldo, hay que invertir en dinero para incluir, poner a estos chicos en el aula, y si no tengamos la valentía de decir no lo podemos hacer, pero vamos a hacer una escuela con especialidades garantizando que el chico empieza la escuela y la termina”.
¿Qué deberían hacer los padres en situaciones similares? “Los papás tienen un largo camino, hay que acompañarlos, tienen que exigirle a las autoridades empezando por la escuela, y si la escuela no da respuestas ir al superior, plantear el caso, y hacerlo en las oficinas donde los profesionales trabajan en defensa de los niños, niñas y adolescentes para que hagan la debida intervención”, cerró Bongiovani.
