USHUAIA.- El doctor Francisco Ibarra Rodríguez fue designado como procurador Penitenciario, en una votación unánime de los legisladores, que crearon el cargo por insistencia, ya que el proyecto que generó ese instituto había sido vetado totalmente por la gobernadora Fabiana Ríos.
Cabe indicar que la terna para ocupar el cargo estuvo conformada por los abogados Francisco Ibarra Rodríguez; Pedro Fernández y Hernán Gaite.
La Ley Provincial 1027 crea en Tierra del Fuego la figura de Procurador Penitenciario, cargo que será ocupado por un profesional abogado y que tendrá la obligación de proteger los Derechos Humanos de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Provincial, de todas las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción provincial, comprendidos comisarías, alcaldías y cualquier tipo de locales en donde se encuentren personas privadas de libertad.
El abogado que ocupe el cargo de Procurador tendrá un mandato de cinco años y podrá ser reelecto por una única vez. La ley destaca que no debe “recibir instrucciones de ninguna autoridad”.
En cuanto al sueldo que cobrará el Procurador, se fija la remuneración del Defensor Mayor ante el Superior Tribunal de Justicia que roza los 60 mil pesos, de acuerdo a la última Escala Vigente del Poder Judicial, publicada mediante acordada 05/2015.
La ley también contempla la designación de un adjunto, quien será designado por la Legislatura a propuesta del Procurador Penitenciario. Este deberá reunir las mismas condiciones de abogado.
Entre las funciones a desempeñar, se enumera la de iniciar o proseguir de oficio investigaciones referidas a actos, hechos u omisiones que afecten los derechos de los procesados y condenados que estén alojados en establecimientos penitenciarios de la Provincia. También se le brinda competencia, en las medidas de sus posibilidades, respecto a internos a disposición de la Justicia Federal.
El Procurador deberá visitar periódicamente todos los establecimientos penitenciarios provinciales donde se hallen alojados los detenidos condenados y procesados. Deberá remitir al Ministerio de Gobierno los informes sobre casos y situaciones que considere necesarios, con las conclusiones y recomendaciones pertinentes. Las actuaciones ante el Procurador serán gratuitas y no se requerirá patrocinio letrado.