Un grupo de inquilinos movilizado por las exageradas condiciones que imponen los propietarios a la hora de alquilar sus viviendas volvió a la calle a juntar firmas. Piden a los inquilinos de Río Grande que se organicen para reclamar juntos.
USHUAIA.- Desde hace cuatro meses los inquilinos autoconvocados bajo el nombre “Que nos escuchen” reclaman al Gobierno que se declare la emergencia habitacional y para ello presentaron un proyecto en la Legislatura. Ello, debido a la cantidad de familias que se encuentran en situación desesperante por no conseguir una vivienda o en muchos casos, por no poder afrontar el pago de los alquileres que cada vez con más frecuencia incrementan como consecuencia de la inflación.
“La crisis es una sola, pero se desprenden muchos factores que hacen que cada caso sea diferente. Hay situaciones de violencia de género, de hostigamiento de parte de los propietarios que con la excusa de que viene un pariente del norte necesitan el inmueble o que consideran que es poco lo que están cobrando”, dijeron los referentes.
“Cuando logramos unirnos, en septiembre hicimos una marcha y conseguimos que nos reciba el Gobernador. Él nos dijo que la emergencia habitacional no se podía declarar y dijo que habría soluciones para los casos más desesperantes. Para eso nos pidieron un listado y nosotros teníamos más de 70 casos. Luego nos dijeron que eran demasiados, que filtremos los más urgentes y la verdad, es que al día de hoy, todavía ninguno pudo cobrar”, denunciaron.
“En Desarrollo Social nos tuvieron más de un mes y medio para el papelerío. Mientras tanto otros 40 casos más que tenían que resolver su situación en octubre y que son muy críticos. Hay muchos más, pero a la mayoría podemos darle solución a través de un abogado y una psicóloga que nos están asesorando para abordar las urgencias que no solo son económicas sino que, además, ponen a las personas al borde de la salud mental”.
El grupo, que comenzó reuniendo a unas 500 personas de diferentes edades y clases sociales en la misma situación, sigue creciendo y necesitan ser escuchados para encontrar soluciones inmediatas, porque el problema habitacional afecta a toda la familia.
“La gente está sufriendo un estrés descomunal porque no sabe cómo va a llegar a fin de mes o a fin de año. Eso causa malestar en la familia, discusiones en la pareja. Tenés que ver cómo reaccionan los chicos cuando hacemos las reuniones porque saben que vamos a hablar de un asunto que afecta mucho a sus padres y en lugar de ponerse a jugar entre ellos se quedan tristes y en silencio”.
Gracias a su experiencia, aseguran que “este es un asunto que los gobernantes no quieren tratar y le dan la espalda. Es un tema primordial en el que deben intervenir porque son los únicos que pueden hacerlo, pero se hacen los distraídos”.
“La psicóloga ya nos dijo varias veces que tengamos cuidado porque las personas están muy estresadas y pueden tomar decisiones irremediables. Hay adultos mayores que nos llamaron para decirnos que no querían molestar más a sus hijos ni a nosotros pero no saben cómo hacer para que no lo desalojen”, lamentaron.
“Cuando arrancamos, el 80% de las familias que tenía problemas tenía uno o dos ingresos fijos, pero les pedían que desalojen. Cuando salían a buscar, no encontraban. Solamente en El Calafate y en Ushuaia pasa esto. Los propietarios se volcaron al alquiler temporario. Hay que encontrar una solución para las personas que buscan un alquiler y no lo consiguen por esa razón.
Los referentes detallan que “hoy, para poder entrar a un alquiler, hay que disponer entre 300 y 450 mil pesos porque te exigen hasta dos depósitos y también están pidiendo que demuestres ingresos por el triple del alquiler. El que cumple con esos requisitos puede ser un abogado, un político, un médico”, describieron.
Los referentes aseguran que “con el Gobernador hubo predisposición, pero cuando nos pasaron a las áreas que se tenían que hacer cargo, ahí vimos otras caras y vimos muy poca predisposición. Nos dicen que ya no tienen presupuesto y otras cuestiones que las personas que están en estado de vulnerabilidad no tienen por qué escuchar. Uno llega a ese lugar porque ya no tiene a dónde recurrir y son áreas creadas para asistir esos casos. La gente dice que va a todas las áreas que el Gobierno indica que hay que ir a pedir ayuda, pero no les dan bola”.
La unión hace la fuerza
Los referentes de Ushuaia están seguros que si el reclamo se extiende por toda la provincia con la misma fuerza, los resultados pueden ser otros; por eso apuestan a lograr reunirse a pesar de la cordillera. “Nos interesa juntarnos con Río Grande para ir todos con el mismo pedido. Nosotros les sugerimos a los inquilinos de allá que junten a un grupito de personas y hacemos un zoom para estar conectados y salir con un pedido para toda la provincia”.
“En la primera juntada de firmas logramos 2400 adhesiones pidiendo que se declare la emergencia habitacional en Ushuaia. Eso está parado y suponemos que es por la misma razón que te comenté. No quieren hacerse cargo. Pero también, porque si se declara la emergencia, hay que destinar muchos fondos para organizar mesas de trabajo, organizar un equipo de inspectores y otras cuestiones para controlar el cumplimiento de la ley”, dicen.
“Esta segunda juntada es para que nosotros no paguemos más la comisión inmobiliaria y el sellado que te piden para el alquiler. Es una fortuna y nos están llegando casos de personas a las cuales les piden hasta 140 mil pesos de comisión”.