De Luca consideró que el hecho denunciado no puede “de ningún modo subsumirse en alguna de las conductas que el ordenamiento jurídico califica como delitos”. Entendió que debe quedar firme el sobreseimiento para los imputados en el caso.
BUENOS AIRES.- El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca desistió de apelar la decisión de cerrar por inexistencia de delito la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, en un dictamen entregado a la sala 1 del máximo tribunal penal federal del país.
En su dictamen, De Luca consideró que el hecho que se denuncia no puede “de ningún modo subsumirse en alguna de las conductas que el ordenamiento jurídico califica como delitos” y ante eso el “deber” de la fiscalía es “hacer cesar la persecución penal”, según el texto al que tuvo acceso Télam.
El fiscal ante Casación resolvió así no mantener en esa instancia la apelación presentada por su colega ante el TOF8 Marcelo Colombo.
De Luca entendió que debe quedar firme el sobreseimiento por inexistencia de delito dispuesto por el Tribunal Oral Federal 8 para todos los imputados en el caso, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y el senador Oscar Parrilli, según el dictamen al que tuvo acceso Télam
También fueron sobreseídos por el TOF8 el actual embajador en Rusia, Eduardo Zuain; la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona; el secretario de Justicia, Juan Martín Mena; Andrés Larroque, Luis D Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Ramón Bogado.
De Luca consideró que esta decisión que fue apelada por las querellas de la causa debe quedar firme y se remitió a dos dictámenes suyos firmados en 2015 y 2016 donde también sostuvo que en la firma del Memorándum no hubo delito y se trató de una “decisión política”
Un tratado o Memorándum, como es el caso, firmado “entre dos potencias soberanas no puede ser la base fáctica de un delito”, sostuvo en el dictamen de 20 carillas firmado el lunes.
“Las motivaciones o ultraintenciones que pudieran haber tenido los distintos actores que intervinieron en las negociaciones previas, redacción, sanción, aprobación o ratificación, tampoco”, agregó.
Cuestión política
El “acierto, conveniencia o error no es asunto que incumba al Poder Judicial, porque se trata de cuestiones políticas, no justiciables. Pues, lo contrario implicaría menoscabar las funciones que conciernen a otros poderes”, concluyó el funcionario judicial.