El Gobierno de Javier Milei prepara un proyecto de ley que busca erradicar lo que define como «discriminación positiva» y que incluirá la eliminación de la carátula de femicidio del Código Penal, como parte de lo que denomina la «batalla cultural».
BUENOS AIRES (NA).- «El Estado no puede hacerse cargo de cada sector que se considere minoría», argumentó una alta fuente con acceso al despacho presidencial, horas después de que el mandatario cargara desde Davos contra la ideología woke y el feminismo radical.
Bajo esa premisa, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, y el equipo que lidera el asesor presidencial Santiago Caputo trabajan en el detalle del proyecto que se denominará Igualdad ante la Ley, y que busca derogar lo que definen como «discriminación positiva».
La idea del Ejecutivo es avanzar en la derogación de la ley de Identidad de Género (Nº 26.743), algunos aspectos de la ley Micaela (Nº 27499); el DNI no binario, implementado en 2021 a través del Decreto 476/2021; la ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero «Diana Sacayán – Lohana Berkins» (Nº 27.636 ).
Y también la ley de Paridad Electoral en Ámbitos de Representación Política (Nº 27.412), como los puntos más salientes.
La decisión alcanzará también a toda norma que garantice «un trato diferencial ante la ley», lo que incluye además el cupo laboral para personas con discapacidad (Nº 22.431), que obliga al Estado a asegurar el derecho a trabajar.
«Tengo el deseo manifiesto de destruir la crítica y la disidencia», sostuvo Milei, y su equipo trabaja para cumplir sus órdenes.
A finales de noviembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado la implementación de estas normas, aunque sin brindar mayores precisiones sobre los proyectos.
A través de su cuenta de X, detalló por entonces: «La Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley. Por eso, el Gobierno Nacional dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso a los empleos públicos por criterios que no sean específicamente los referidos a la propia idoneidad de las personas».
Algunos meses después, y con la redacción de las iniciativas en curso, despierta controversia la decisión de terminar con la tipificación de femicidio, contemplada en el artículo 80 del Código Penal, en el inciso 11, tras la sanción de la ley 26.791, publicada en el Boletín Oficial el 14 de diciembre de 2012.
Pese a las estadísticas alarmantes que arrojan que una mujer es asesinada por razones de género cada 29 horas, y con un 2024 en el que se registraron 255 femicidios, el Gobierno busca eliminar la figura como agravante y dar por saldadas las desigualdades históricas.
«Es una locura que haya una pena mayor por un homicidio contra una mujer que la que hay contra un hombre», sostuvieron las fuentes, luego de que Milei asegurara que las feministas «no se quejan de que la mayoría de presos, los plomeros y los muertos en las guerras son hombres».
La reticencia de la oposición al discurso del libertario en el Foro Económico de Davos parece no importarle a la mesa chica, que asegura que tratará el tema pese a no contar con los respaldos legislativos necesarios para su sanción.
«No vamos a dejar de hacer lo que creemos que tenemos que hacer por miedo a que lo rechacen», dijeron y agregaron: «En todo caso no saldrá».