La norma había sido acordada por la exgobernadora y varios gremios estatales a fines de noviembre último. La actual gestión provincial lo dio de baja y confirmó que convocarán a los gremios estatales para discutir un nuevo proyecto. “Este convenio no hace más que favorecer a ciertos personajes de la política fueguina”, reprochó el ministro de Trabajo, Marcelo Romero.
USHUAIA.- En conferencia de prensa, el ministro de Trabajo, Marcelo Romero, junto al delegado del gobierno en Río Grande, Federico Runín y el secretario de Gobierno, Diego Carol, confirmó que el Ejecutivo provincial determinó dar de baja el convenio colectivo de trabajo rubricado por la exgobernadora Rosana Bertone en los últimos días de su mandato.
La decisión se basó en el dictamen del fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, que criticó el convenio por las irregularidades que observó tras el análisis de la norma que Bertone acordara a fines de noviembre último con algunos gremios del ámbito provincial.
Romero aseguró que “este convenio no hace más que favorecer a ciertos personajes de la política fueguina y en nada benefició a los trabajadores de la administración pública” al tiempo que anticipó que “se trabajará en un nuevo convenio de acuerdo a la buena fe que mandan las leyes, discutido con el conjunto de los trabajadores y que sirva para todos y no para algunos pocos”.
Por su parte, Runín precisó que “se trata de normas presupuestarias sin previsión. Esto hace que desde el Ejecutivo provincial se avance en la revocatoria y se convoque a los gremios para trabajar en un nuevo convenio colectivo que realmente mejore las condiciones de trabajo y que establezca la carrera administrativa”.
Por último, Carol resaltó que, si se aplica el convenio colectivo de trabajo en cuestión, “se compromete todos los recursos del Estado que no son de Gustavo Melella sino que son de todo el pueblo de Tierra del Fuego. Es algo grave”.
cuestionamientos
El 29 de noviembre, Rosana Bertone y un puñado de dirigentes sindicales firmaron el convenio colectivo de trabajo hoy cuestionado. Ese día, la decisión fue sumamente festejada, por ejemplo por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que reclamaba la actualización de la norma desde 1994.
Pero, varios gremios y sindicatos cuestionaron la decisión de aprobar el convenio sin darle amplia participación a las entidades que representan al grueso de los trabajadores estatales, ya que la firma se llevó a cabo con autoridades de ATE, de la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).
La gota que rebalsó el vaso fue el dictamen del 6 de enero, donde la Fiscalía de Estado provincial instó al Ejecutivo provincial a suspender el convenio colectivo de trabajo suscripto a fines de noviembre, por considerarlo ilegítimo señalando graves irregularidades jurídicas y administrativas con impacto presupuestario no previsto en la última ley de leyes provincial.
Es que, además de contener irregularidades de procedimiento, disponía el pase a planta permanente (o con estabilidad futura) de más de mil agentes provinciales de distintas categorías, entre los que se encontraban más de 280 funcionarios de la última gestión, vulnerando el principio de igualdad previsto para el ingreso o reingreso en la jurisprudencia provincial y nacional.
