BUENOS AIRES.- Mediante Resolución 08/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei derogó el Programa de Fortalecimiento Comunitario, una iniciativa que desde 2004 brindaba asesoramiento legal, financiamiento de defensas judiciales y apoyo en la regularización de tierras a comunidades indígenas en Argentina.
Según la Resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el programa no cumplió con sus objetivos y presentó «deficiencias y desvíos» según auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Además, se justificó la decisión en la «necesidad de optimizar el gasto público”.
Lo que genera incertidumbre y preocupación entre organizaciones indígenas y de derechos humanos es que el Gobierno no anunció ninguna alternativa para garantizar asistencia legal a los pueblos originarios. Para estas entidades, la eliminación del programa se enmarca en una serie de medidas que han debilitado la protección de las comunidades.
En diciembre de 2024, Milei derogó la emergencia en tierras indígenas mediante el Decreto 1083/2024, habilitando desalojos para aquellas comunidades sin situación legal regularizada. Luego, en enero de 2025, el INAI revocó el permiso de ocupación de tierras a la comunidad qom en Makallé, Chaco, a través de la Resolución 5/2025.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es el organismo responsable de velar por los derechos de los pueblos originarios. Fundado en 1985 bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, posteriormente fue trasladado al Ministerio del Interior y, en la actualidad, depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Guillermo Francos.
Con la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario, las comunidades indígenas pierden una herramienta fundamental para su defensa legal ante desalojos y disputas territoriales. A la falta de asistencia, se suma la ausencia de una política alternativa por parte del Gobierno, lo que deja a cientos de comunidades en una situación de desprotección y vulnerabilidad creciente.
Un programa necesario
El Dr. Antonio de Anquín, especialista en Derecho Indígena de la provincia de Formosa, reconoció que “este programa desde el inicio tuvo dificultades porque muchas comunidades no pudieron acceder a él en razón de los múltiples requisitos impositivos y bancarios solicitados para los cuales se requería además, del asesoramiento de un contador”.
“Eso hizo que el número de comunidades que pudieron acceder a este programa, fuera limitado. Pero era una cuestión que se hubiera podido zanjar flexibilizando los requisitos, o teniendo el INAI una asistencia técnica y contable que permitiera simplificar por ejemplo, el acceso a una cuenta bancaria. En lugar de ello, el INAI, presidido en este momento por Claudio Avruj acudió a la eliminación”, lamentó el letrado.
“Para mí, la consecuencia más grave de esta medida, es la restricción al acceso a la Justicia, primero porque a la mayoría de las comunidades indígenas le resulta muy complejo costear los honorarios de un abogado que son variables de acuerdo a cada provincia. Es público y notorio que la mayoría no están dentro del mercado formal laboral y aún teniendo ingresos dentro de él, apenas pueden garantizar la subsistencia alimentaria básica”.
“La segunda cuestión, es que dentro de los estados provinciales, hay defensorías de pobres y ausentes, o defensorías oficiales de índole civil o penal, pero estos abogados muchas veces no están capacitados en materia de derechos humanos de pueblos indígenas. Por ello, este programa permitía que los profesionales especializados que están diseminados en todo el país, pudieran contar con este financiamiento para asesorar a las comunidades de su provincia”.
De Anquín explicó que, de ahora en más, los abogados de las ONG y letrados de buena voluntad que acompañan a las comunidades indígenas en sus reclamos, no podrán dedicarse en exclusividad a esas demandas, por la simple razón de que también tienen que atender su actividad liberal para subsistir.
“Esto ocurre porque los estados provinciales a través de sus organismos específicos de pueblos originarios, muchas veces no cuentan con abogados que se encarguen de su defensa y puedan asesorarlos.
De esta manera, ya sea desde lo económico, como desde la falta de especialistas y la falta estímulos al acompañamiento específico de la problemática indígena que es muy amplia y compleja, se verá una clara restricción al acceso a la Justicia y seguramente se obviarán los compromisos que fueron asumidos por el estado nacional en una serie de tratados de derechos humanos que integran el bloque constitucional”.