En su carácter de vicepresidente del IPV, hizo publicar una solicitada en un medio de Ushuaia para contrarrestar el dictamen del organismo de contralor, que lo acusó de haber falseado documentación al Gobierno Nacional. Lorente fue responsabilizado por el Tribunal de Cuentas por la demorada obra de pavimentación en Chacra XIII.
USHUAIA.- El cuestionado vicepresidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Roberto Lorente, denunció ante el Fiscal de Estado a los integrantes del Tribunal de Cuentas, por entender que el dictamen en el cual se lo sanciona con una multa, es producto de una “actitud mendaz e injuriante”. El funcionario del gabinete de Fabiana Ríos fue responsabilizado por la demora en la obra de pavimentación de las calles del sector Chacra XIII, en Río Grande.
Lorente, costeó la publicación de una solicitada, en el Diario del Fin del Mundo (se estima que con dinero de su propio peculio, a pesar de que la firma como Vicepresidente del IPV), califica al dictamen del Tribunal de Cuentas como “mendaz y maliciosa, carente de sustento alguno” y que por ello “este funcionario ha realizado la correspondiente denuncia ante el Sr. Fiscal de Estado, con el fin que tome intervención tanto en el acto administrativo que utiliza como motivación una acusación falaz, asimismo se ha puesto en conocimiento de tal actitud mendaz y por tanto injuriante por parte del TCP, a la Sra Gobernadora, a la Legislatura de la Provincia y al Sr. Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación”.
Antecedentes del caso
En resolución plenaria 263/2015, el Tribunal de Cuentas puntualiza que Lorente puso en riesgo toda la operatoria de financiamiento al dar a la Nación información falaz, al afirmar ante las autoridades del Ministerio de Planificación que no había impedimento legal, cuando la realidad indicaba la existencia de la observación realizada por el Tribunal de Cuentas que “evidenciaba una ilegalidad en el procedimiento de contratación”, por lo que “había un impedimento legal para la suscripción del convenio”.
Desde el Tribunal de Cuentas, concluyeron que los apartamientos normativos incurridos por el ingeniero Lorente derivo en la aplicación de una multa agravada por la contumacia (20 por ciento del sueldo) y dada la grave ilegalidad desplegada por parte del funcionario, corresponde poner en conocimiento del análisis efectuado por el TPC a la Legislatura y a la Gobernadora, para que procedan en consecuencia.