El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará sancionar dos proyectos del paquete de seguridad referido al Registro Nacional de Datos Genéticos de Delitos vinculados a delitos contra la Integridad Sexual, y la prórroga de entrega voluntaria de armas de fuego.
BUENOS AIRES (NA).- Para más adelante quedará la Ley Antimafia, una herramienta que el Gobierno considera esencial para luchar contra el crimen organizado, ya que aún resta consensuar con los bloques dialoguistas.
La bancada de La Libertad Avanza también tendrá un fuerte desafío que es lograr acuerdos para sancionar la baja de imputabilidad de 16 a 13 años, que es una propuesta que se instala en el Congreso para situaciones en las que los menores cometen un crimen.
Sobre la Ley Antimafia, en el oficialismo y en el PRO hay optimismo en poder sacar en las próximas semanas un dictamen de comisión y señalan que están avanzadas las tratativas con los bloques dialoguistas para consensuar un texto de este proyecto que es clave para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico.
La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, aseguró en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas que se decidió avanzar con estos proyectos que tienen “despacho de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior, por eso, solicitamos una sesión especial para que sean tratados el 7 de agosto en el recinto”.
El proyecto de reforma de la Ley 26897 del Registro de Datos Sexuales permite abarcar la identificación genética de todos los delitos previstos en el Código Penal y, además, será una herramienta fundamental en la búsqueda de personas perdidas o desaparecidas.
La intención de la reforma es tener dentro del Registro de Datos Genéticos no solo aquellos que cometieron delitos sexuales sino a todos los delincuentes para poder entrecruzar datos automáticamente.
Por otra parte, se prorrogará hasta el 31 diciembre 2027 el Programa de Entrega Voluntarias de Armas, para que las personas en un plazo de 360 días se presenten ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para entregar a cambio de un beneficio económico el arma no autorizada.
“Sólo pueden portar armas de fuego aquellas personas que por sus tareas se encuentren autorizadas, o sea, fuerzas de seguridad, policías, etc., pero no el ciudadano común. No hay que confundir tenencia con portación”, agregó.