Así lo proyectó el Superior Tribunal de Justicia en el presupuesto que tomó estado parlamentario la semana pasada en el Parlamento. La mayor parte de los recursos se aplicarán al pago de sueldos para una planta de personal permanente integrada por 920 personas.
USHUAIA.- El proyecto de Ley sobre Presupuesto de Recursos y Gastos del Poder Judicial para el ejercicio 2022 estima gastos por 7.870 millones de pesos, un 57,4% más que el presupuesto del corriente año según Ley 1333.
Según se desprende del proyecto presentado en el Parlamento, del total de los recursos que necesitará el Poder Judicial el año próximo, casi 6.581 millones se destinarán al pago de sueldos de 920 empleados y unos 599 millones serán afectados a construcción.
En este sentido, se prevé para el año próximo concretar la construcción de la Morgue Judicial para la cual ya se destinaron 17 millones en 2021. La obra tiene un costo estimado de 88 millones de pesos y en 2022 destinarán 70 millones 400 mil pesos para poder concluirla.
Además está previsto destinar casi 178 millones de pesos para la ampliación del edificio de los Tribunales de Primera Instancia del Distrito Judicial Sur, por casi 178 millones de pesos. La obra tiene un costo total estimado de más de 711 millones de pesos y de acuerdo a la proyección presentada al Parlamento, el Poder Judicial estima iniciarla en 2022 y terminarla en 2024.
También invertirá casi 100 millones en el Edificio de calle Fadul y Gobernador Paz por más de 100 millones de pesos , aunque la obra total tiene un costo estimado de 208 millones de pesos.
Cabe destacar que en el proyecto de presupuesto, el Superior Tribunal de Justicia insistió en tener potestad para la actualización de las tasas judiciales, una medida que había sido aprobada por los legisladores, pero que el gobernador Gustavo Melella vetó oportunamente, sin que mediara insistencia del Parlamento, por lo que deberá volver a tratarse en comisión.
Justicia en pandemia
En los fundamentos del proyecto presupuestario, el Poder Judicial hizo hincapié en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 y en el impacto de la pandemia en la administración de Justicia, que ya afectó el presupuesto del presente año, en la búsqueda de adaptar el sistema judicial provincial a los nuevas herramientas digitales de atención y manejo de archivos y expedientes.
“Esta compleja situación que impactó severamente en el año anterior y en el presente implicó la necesidad de diagramar una política institucional que la atienda, a cuyo fin se dictaron sendas acordadas en procura de general el contexto y los medios necesario para garantizar la prestación del servicio de justicia”, dijeron los jueces de la Corte.
“Constituyen obligaciones esenciales del Poder Judicial garantizar el acceso a la justicia de un modo eficaz, responsable e inclusivo todos los niveles, propendiendo a la reducción de la violencia, la lucha contra la corrupción y la delincuencia tópicos que necesaria y constantemente nos orientan para las formas procesales y la creación de nuevos roles jurisdiccionales que contribuyan al abordaje adecuado de los asuntos que llegan a conocimiento con directa y evidente consecuencia hacia la persona humana a través de la tutela judicial efectiva”, recordaron.