Con la nueva ley aprobada, la prescripción empieza a correr desde que la víctima efectúe la denuncia, modificando la llamada «Ley Piazza», en la cual el plazo se computaba a partir de que la víctima cumpliera la mayoría de edad. También se aprobó la ley por el cual se resuelve mantener la gratuidad de la educación superior en todo el territorio nacional.
BUENOS AIRES (NA).- El Senado aprobó por unanimidad una ley que modifica el régimen de prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad, para limitar las posibilidad de que ese tipo de causas se caigan. Con esta ley, en los delitos contra la integridad sexual y en los casos de trata de personas «se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad o hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad, formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad».
La prescripción empieza a correr desde que la víctima efectúe la denuncia, modificando la llamada «Ley Piazza», en la cual el plazo se computaba a partir de que la víctima cumpliera la mayoría de edad.
La nueva normativa también señala que «la inhabilitación especial será perpetua cuando el autor se hubiere valido de su empleo, cargo, profesión o derecho para la comisión».
El proyecto ya había sido aprobado por los senadores pero en la Cámara de Diputados se le hicieron modificaciones que obligaron a devolverla al Senado, donde finalmente fue convertida en ley.
Educación gratis
El Senado aprobó por unanimidad la ley por el cual se resuelve mantener la gratuidad de la educación superior en todo el territorio nacional.
La senadora radical Silvia Elías de Pérez quien señaló que el apoyo de su bloque se debió a que «es una de las banderas históricas de nuestro partido».
No obstante, Elías de Pérez pidió una modificación en el artículo 2 por entender que en su redacción deja abierta cierta injerencia del Poder Ejecutivo sobre la autonomía universitaria.
Si bien la senadora del Peronismo Federal Liliana Negre de Alonso coincidió con el pedido del radicalismo, la gran mayoría de los senadores la rechazaron.
La razón fue explicada por Jaime Linares, del bloque Progresistas, quien argumentó que el proyecto podía perder estado parlamentario si se modificaba y volvía a la Cámara de Diputados, por lo que era mejor garantizar su sanción como ley.