Advirtiendo que se podría incurrir en “desacato”, desde el Superior Tribunal de Justicia intimaron al Ejecutivo que se abstenga de realizar acciones tendientes a seguir adelante con el llamado a elecciones que fue suspendido por una medida cautelar.
USHUAIA.- Con la firma de su vicepresidente, Ernesto Löffler, el Superior Tribunal de Justicia resolvió “intimar al Poder Ejecutivo de la Provincia a que se abstenga de realizar toda acción tendiente a la concreción de la elección suspendida. Ello bajo apercibimiento de la ley”.
Con la intimación realizada por Löffler se puede entender que el Poder Ejecutivo estaría incurriendo en “desacato”, al haber publicado, desde este lunes en los medios gráficos, la ley de convocatoria a elecciones para convencionales constituyentes y el decreto por el cual se estableció la fecha de elecciones para el próximo 10 de noviembre.
Cabe indicar que, desde este lunes, el Gobierno publicó el decreto 1656/24 que establece que los comicios serán el 10 de noviembre de este año, cuando los fueguinos y fueguinas deberán votar 15 convencionales constituyentes titulares y 8 suplentes.
También procedió a la publicación de la Ley 1529 aprobada por mayoría especial de la Legislatura Provincial y promulgada el 29 de diciembre de 2023, la cual establece que el Poder Ejecutivo convocará a la elección de la Convención en un plazo de 210 días con el objeto de elegir convencionales constituyentes en un número igual al de miembros que componen la Legislatura a través del mismo sistema electoral.
Para el STJ, la decisión de publicar las dos herramientas legales es una franca desobediencia a la resolución del 8 de agosto, que suspende el llamado a elecciones, al hacer lugar la Corte a una medida cautelar solicitada en la causa “Lechman, Jorge Andrés c/Provincia de Tierra del Fuego AeIAS s/Acción Meramente Declarativa” Expediente: 4646/24.
Cabe indicar que, tras conocida la decisión del Superior Tribunal, el gobernador Gustavo Melella efectuó duras declaraciones en contra de esa institución y sus integrantes, considerando que la resolución no era una decisión judicial sino un “acto político”.
Aseguró que hay “sectores fuertes y muy poderosos de nuestra provincia que se resisten siquiera a debatir y poder dar un cambio” y agregó que “no vamos a permitir que un grupo que no quiere perder sus privilegios, que se resiste a la abolición de cargos vitalicios, nos impida continuar con este proceso democrático y republicano, como lo es una reforma constitucional”.
Ahora, con la decisión del juez Löffler, se abre un nuevo frente de tormenta entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en el marco de la decisión de Melella de avanzar con la reforma de la Constitución Provincial.