En un largo y severo informe dirigido a la Legislatura, el Tribunal de Cuentas enumeró la cantidad de veces que requirió medidas y aplicó sanciones a la DPE por no poner en marcha un protocolo de mantenimiento de las turbinas con el propósito de evitar la emergencia energética que hoy vive la ciudad de Ushuaia.
USHUAIA.- El lunes ingresó a la Legislatura un informe del Tribunal de Cuentas, en respuesta a la resolución de cámara 172/24 por medio de la cual se solicitó que se informe con documentación respaldatoria si la Dirección Provincial de la Energía brindó respuesta alguna a los requerimientos realizados por ese órgano de control y las medidas llevadas a cabo en el supuesto de que no hayan sido respondidos.
Dicho informe detalla entre un sinnúmero de medidas viciadas de incumplimientos de parte de la DPE, el reciente inicio de dos expedientes tras la firma del decreto 996/2024 que declaró la emergencia en el sistema de servicio eléctrico en el ámbito de la ciudad de Ushuaia, Tohuin, Almanza y San Sebastián desde el º1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2025.
En la primera de las mencionadas actuaciones, se emitió la resolución plenaria 118/2024 del 23 de julio del corriente, en cuyo artículo 3° y 5° se dispuso “Crear un grupo de trabajo que se desempeñará dentro de las presentes actuaciones, cuya finalidad será diseñar y ejecutar un plan que contemple el seguimiento de los recursos y las medidas que se adopten en el marco de la emergencia declarada mediante Decreto Provincial 996/2024”.
Por otro lado, se ordena “hacer saber a la Secretaría Contable que deberá caratular nuevas actuaciones a los fines de diseñar y elevar a los miembros del cuerpo plenario en el plazo de 15 días, un mecanismo de control y seguimiento respecto de las medidas que el Poder Ejecutivo y la Dirección Provincial de Energía deben afrontar con el propósito de dar una solución definitiva a la crisis energética que atraviesa la provincia en el mediano y largo plazo”.
“A esos fines, se deberá individualizar a todos los actores involucrados dentro del Poder Ejecutivo que intervengan en dicho proceso, tales como el Ministerio de Economía, Ministerio de Energía, Ministerio de Obras Públicas, Oficina Provincial de Contrataciones y a las distintas áreas administrativas y técnicas de la Dirección Provincial de Energía”.
El tribunal aclara que dichos expedientes administrativos se encuentran en pleno trámite con sendos requerimientos, en algunos casos, todavía se encuentran en plazo para ser contestados.
Universo de intervenciones
El informe, firmado por Dr. Miguel Longhitano en ejercicio de la presidencia del Tribunal de Cuentas de la provincia detalla los requerimientos realizados al DPE para garantizar el mantenimiento del parque generador de la empresa desde 2019 en adelante, donde pueden observarse los incumplimientos de sus autoridades.
En 2019, el Tribunal recomendó al entonces presidente de la DPE la confección de un protocolo de mantenimiento, reacondicionamiento y/o renovación de equipos y turbinas en el que se tenía que prever quienes serían los responsables de dar aviso a las máximas autoridades del Ente respecto de la necesidad de realizar tales trabajos, teniendo en consideración las pautas técnicas brindadas por los fabricantes.
Después de varios pedidos de prórroga, se emitió la resolución DPE 267/19 que aprobó dicho protocolo.
No obstante, luego de una serie de intervenciones efectuadas por los auditores fiscales, fue necesario recomendar al entonces presidente de la DPE que instruya a las áreas pertinentes a efectos de que se verifiquen que el aludido protocolo respete las previsiones de los manuales de los fabricantes, así como también las particularidades de cada equipo, la época en que fueron instalados y el tiempo que llevaban funcionando en forma ininterrumpida.
En 2020 “teniendo en consideración que el entonces presidente de la DPE no daba respuesta a los solicitado, se aplicó una sanción de apercibimiento y se reiteró el pedido. A su vez se incorporó un informe fechado el 18 de agosto de 2020 que advertía sobre la necesidad de inversión y las serias dificultades que afrontaba el parque generador de la ciudad de Ushuaia”.
El informe detalla sendos requerimientos y resoluciones plenarias aplicando sanciones al entonces presidente de la DPE, hasta que finalmente, en 2021 el órgano de control resolvió que “a la luz de todo lo actuado, el eventual incumplimiento dispuesto en la resolución mencionada sería responsabilidad subjetiva de las autoridades de la DPE”.
Este requerimiento no sería el único del cual el Tribunal de Cuentas no recibió respuesta de parte de la DPE, ya que según se describe “existe una cantidad de requerimiento que fueron cursados a la DPE con intimaciones vinculadas en su gran mayoría a cuestiones de mantenimiento, obras de normalización de equipos, compras, contrataciones, licitaciones, mejora en el sistema integral de generación y distribución, tanto de la ciudad de Ushuaia como de la ciudad de Río Grande”.
“Las actuaciones son de distinta índole y tratan sobre el trabajo que se efectúa en cualquier ente o jurisdicción que recae bajo la esfera de control de este Tribunal de Cuentas”.
Entre los casos enumerados, destaca el tribunal, “pueden encontrarse requerimientos cumplidos y en aquellos en que no se levantaron las observaciones de los Auditores Fiscales, se tomaron las medidas necesarias”.
Y a modo de ejemplo se citan algunas cuestiones “en las que se detectó perjuicio fiscal y se ha demandado por la vía civil”, entre las cuales se encuentran cinco causas por daños y perjuicios a funcionarios de la DPE.