Organizaciones de inquilinos conformaron un nuevo espacio para defender a las familias que no tienen otra opción que alquilar para acceder a la vivienda, y sufren abuso y especulación por parte del mercado inmobiliario; un reclamo histórico de más de 5.000.000 de argentinos.
BUENOS AIRES.- El Primer Encuentro Nacional de Inquilinos se desarrolló el pasado viernes en la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires, donde participaron distintas organizaciones de todo el país, y sentaron las bases para revertir la situación habitacional deficitaria que padecen los inquilinos.
El Frente de Inquilinos Nacionales busca, a través de esta unión, poder gravitar a nivel nacional y sentar las bases para una nueva Ley Nacional de Inquilinos. “Es una realidad muy compleja y desigual entre aquellos que ostentan los bienes ociosos para alquilar a modo de renta, respecto del que necesita una vivienda para alquilar”, destacó el Secretario quien, además, coincidió en la necesidad de una “nueva legislación nacional, ya que la que tenemos es obsoleta, cuando las realidades sociales van cambiando día a día”.
«La vivienda es un derecho humano fundamental que sigue estando en manos del mercado inmobiliario, donde los sectores mas concentrados impusieron una lógica rentista de la tierra y la vivienda con el solo fin de generar ganancias extraordinarias», señala el documento fundacional del Frente de Inquilinos Nacionales (FIN).
Según el texto, «las consecuencias son conocidas: expulsión de amplios sectores populares de los centros urbanos, miles de viviendas ociosas, aumentos constantes de los precios afectando la economía familiar».
«La lógica de acceso (a la vivienda) vulnera derechos básicos de las personas garantizados por nuestra Constitución Nacional en el articulo 14 bis y los pactos internacionales», denuncia el documento que leyeron las organizaciones que hasta ahora trabajaron en forma desarticulada, según sus propios referentes.
Contratos que aumentan cada seis meses, la exigencia de una e incluso dos garantías y que la comisión la pague el inquilino en vez del propietario, como establece la ley, son algunos de los abusos que ampara un supuesto «acuerdo entre partes». «Vamos a trabajar y luchar por una nueva ley de alquileres (Ley de Alquileres Urbanos 23.091), crear un registro de contratos de alquiler y modificar el actual sistema de garantías que desplaza de la posibilidad de alquilar a miles de inquilinos», precisó Adrián Torres, de la Unión de Inquilinos de Tierra del Fuego, al presentar el documento en Casa de la provincia homónima, en Sarmiento 745 de la Ciudad de Buenos Aires.
Un alquiler justo, según explicitó el FIN, es «aquel que defiende a ambas partes: al propietario de buena fe y al inquilino, y que garantice el derecho a la vivienda consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional».
La migración provocada por la explosión petrolera del Yacimiento Vaca Muerta en Neuquén o el creciente flujo turístico hacia Bariloche, Río Negro, generan una demanda que termina expulsando a los hijos de los pobladores del lugar.
«Si lo que rige la actividad es sólo el interés y la especulación -dijo Guillermo Torres de la Unión de Inquilinos Neuquinos-, el acceso a la vivienda, que es un derecho básico y fundamental, queda vulnerado».
Las denuncias de que los contratos pasan de 2.000 a 8.000 pesos en cada renovación en la zona petrolera de Neuquén y Río Negro no son las únicas que delatan las injustas condiciones en que acceden a la vivienda otros argentinos.
«Miles de trabajadores pagan el 50 por ciento de sus salarios en alquiler», afirmó Nire Roldán, de la Concejalía Popular de Rosario, en alusión a una dificultad que consideró «central» en esa ciudad.
Además de las problemáticas regionales, los integrantes del FIN plantearon «generar sistemas de garantías accesibles para los inquilinos» y eliminar el sistema actual que se ampara en que es «un uso y costumbre»; mientras que no existe como requisito en el marco de la ley vigente.
«Nosotros reivindicamos a la vivienda desde su función social. No solo como un techo, sino como un espacio donde la familia se consolida para vivir dignamente, un espacio adecuado y saludable, con el pleno acceso a los servicios públicos y en este sentido es claro que en la actualidad estamos muy lejos de garantizarlo», sostiene el documento.
Según las organizaciones que fueron creando oficinas locales para ayudar a los inquilinos en la defensa de los derechos a la hora de formar un contrato, «el Estado debe estar presente en la economía, garantizando derechos; es hora que lo haga en el mercado inmobiliario con la misma función».
El documento fue firmado por las organizaciones de inquilinos de Tierra del Fuego, Neuquén, Rio Negro, La Plata, Córdoba; Ciudad de Buenos Aires y Rosario, y es el resultado de un plenario que reunió a los representantes de las uniones de inquilinos de esas provincias.
Además, recibió la adhesión de legisladores porteños como Jorge Taiana, y de los parlamentarios porteños presentes en el lanzamiento del FIN: María Rachid, Aníbal Ibarra y Fernando Muñoz.
