Se busca conocer fehacientemente y optimizar los recursos materiales y humanos disponibles, con el objetivo de dar repuestas a las múltiples demandas de la población. Las medidas van desde mejorar los niveles de recaudación, la racionalización del consumo de energía de los edificios públicos y la situación laboral del personal.
USHUAIA.- En el marco del reordenamiento del Estado Provincial, la gobernadora Rosana Bertone firmó un decreto, con acuerdo de todos los ministros, disponiendo una serie de medidas para relevar y reorganizar todos los recursos materiales y humanos, con el objetivo de comenzar a dar respuesta a las necesidades de toda la sociedad y afrontar las obras de infraestructura que la Provincia requiere con urgencia.
Las medidas alcanzarán a la totalidad de la Administración Pública Provincial, centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas y sociedades del estado, y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. La intención es reducir al máximo el déficit anual heredado, estimado en 1.100 millones de pesos.
Para ello se adoptarán “las medidas necesarias para el diseño, implementación y mejora de la política general de recaudación de los recursos del Tesoro Provincial”. Además, se llevará a cabo un “relevamiento integral del Estado y destino actual de la totalidad de los inmuebles”, como también de “los vehículos automotores, aeronaves, embarcaciones y maquinarias registrables de propiedad de la Provincia”.
Por otra parte, se suspenderá la vigencia de la totalidad de las adscripciones y comisiones de servicios de personal “dispuestas con anterioridad al 17 de diciembre del año 2015” en todo el ámbito de aplicación del decreto. En este sentido, también se dejan sin efecto “las reubicaciones de personal dispuestas entre el 1º de enero de 2015 y el 16 de diciembre del mismo año”.
En todos los casos, el personal afectado deberá reintegrarse inmediatamente “al área de origen en su categoría de revista”. Además se suspenderán “provisoriamente y por el plazo de 12 meses las recategorizaciones y cambios de escalafón y/o de agrupamiento del personal” de todos los organismos, así como “la realización y liquidación de horas extras, horas guardia, guardias pasivas y/o activas, y/o concepto equivalente, con excepción de aquellas tendientes a la cobertura de las necesidades en hospitales y centros de salud y limitadas exclusivamente a servicios profesionales o técnicos y otras excepciones debidamente justificadas”.
También serán suspendidos “el otorgamiento y/o entrada en vigencia de adicionales, plus o similar concepto, tengan carácter remunerativo o no remunerativo, con excepción de eventuales incrementos salariales de carácter general.
Por otro lado, el Gobierno pondrá en marcha un relevamiento de trabajadores de la administración pública, para conocer fehacientemente la cantidad de empleados que hoy prestan servicios en las distintas áreas, su situación laboral y condiciones salariales.
Se creará una Comisión Permanente Evaluadora de Certificaciones de Estudios en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, que revisará los certificados de estudios invocados por los agentes de la administración pública como requisito para el ingreso, promoción, cambio de escalafón o liquidación de suplemento adicional.
ANTECEDENTES
Otro censo estatal como en 2008
RIO GRANDE.- En septiembre de 2008, la gobernadora Fabiana Ríos encabezó una conferencia de prensa junto al por entonces ministro de Gobierno de Santa Fe, Antonio Bonfetti, presentando el denominado “Censo de Capital Humano” con el que se pretendía encarar una reforma del Estado similar a la que propone ahora la gestión de Rosana Bertone.
El “Censo de Capital Humano” de Ríos fue financiado a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y estuvo a cargo de la consultora Poliarquía.
Ríos argumentó que el censo era “básico para saber quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, qué queremos hacer, qué soñamos hacer y en qué creemos que podemos ser más útiles dentro de la estructura del Estado provincial y cómo hacemos para sentirnos parte”.
Algunos aspectos que contemplaba el censo estaban vinculados al nivel de educación formal; familiares a cargo; cómo ingresó a la administración; fecha de ingreso y designación; si está comprendido en el megapase; grado de conocimiento de las leyes de la administración pública; entre otros.
El censo culminó en febrero de ese mismo año, aunque los resultados del mismo tuvieron escaso tratamiento en los medios periodísticos.
