Envían al juzgado de Servini una denuncia por $LIBRA

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky declinó la competencia y envió al fuero federal porteño una denuncia recibida en su juzgado a raíz del escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Se trata de una presentación del abogado y también exjuez del fuero, Guillermo Tiscornia, informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

BUENOS AIRES (NA).- Aguinsky remitió la denuncia por conexidad al juzgado federal 1 de María Servini, quien tramita las que se hicieron en ese fuero luego del posteo en X del presidente Javier Milei sobre el lanzamiento de la fallida criptomoneda.

La denuncia de Tiscornia por el delito de «agiotaje» (manipulación del precio de valores negociables u otros instrumentos financieros) se presentó ante la Cámara en lo Penal Económico y resultó sorteada en el juzgado de Aguinsky.

La fiscalía dictaminó que debía declinarse la competencia a favor del fuero federal y el magistrado ratificó esa decisión «atendiendo a la mayor gravedad de la pena que se colige de las calificaciones» de los delitos denunciados en Comodoro Py.

La causa que lleva Servini se inició con anterioridad y se encuentra avanzando con medidas de prueba, explicó también la resolución judicial.

Aguinsky advirtió que no se «puede pasar por alto la creciente tendencia de los criptoactivos como una novedosa opción de inversión».

«La búsqueda de alternativas no tradicionales que generan expectativas de ganancias abultadas en plazos cortos, requiere que los organismos competentes informen a los ciudadanos de los riesgos e implicancias que tiene este tipo de actividad financiera», evaluó también.

La denuncia de Tiscornia se presentó el 18 de febrero, luego que el viernes 14 el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X el mensaje «instando a invertir en la criptomoneda de la empresa KIP Protocol, que en teoría iba a dedicarse a financiar a pymes argentinas.

Además de estas causas, uno de los expedientes se lleva en el Juzgado Federal 1 de San Isidro a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien se declaró competente para intervenir a raíz de que el posteo se hizo desde la quinta de Olivos.

Se trata de la denuncia de Juan Carlos Mussa y esa decisión podría derivar en un conflicto de competencia con Servini.

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