El canciller argentino Jorge Faurie se refirió a la relación con el Reino Unido en el Gobierno de Macri, la reciente concesión de exploraciones petroleras concedida a empresas británicas en la plataforma continental argentina y la denominada Ley Malvinas.
USHUAIA.- El canciller Jorge Faurie rechazó las acusaciones respecto de la entrega de recursos naturales en zonas marítimas aledañas a las Malvinas. En declaraciones a FM La Isla sostuvo que “lo más importante es hacer una aclaración fundamental, que es que la adjudicación de las 18 áreas petroleras no están en la cuenca de Malvinas”.
Sin embargo mencionó que “están vinculadas podría decirse, hay una conectividad geográfica, son zonas adjudicadas en lo que son las aguas argentinas sobre la plataforma continental. Hay una cantidad de las zonas adjudicadas que están visualmente sobre el mar argentino sobre la panza de la Provincia de Buenas Aires, otras más sobre la zona sur del territorio argentino, más vinculadas con las cuencas frente a Tierra del Fuego”.
“Esto claramente corresponde a las aguas del mar argentino, son 18 zonas para exploración, para determinar las posibilidades que tienen de extracción, para saber si hay más recursos de petróleo o de gas, esto forma parte de la riqueza argentina que queremos poner en movimiento para que se transforme en bienestar traducido en lo que puede ser la venta de petróleo o de gas, o la utilización dentro de nuestro sistema productivo energético para tener más energía y productividad”, expresó.
Faurie destacó que “es muy importante ser serios y no hacer una confusión sobre esto, se dan concesiones sobre la zona del mar territorial argentino y las empresas que se han presentado son diversas, hay algunas de ellas estrictamente argentinas, otras que tienen asociaciones con empresas extranjeras, hay conglomerados de conocimiento internacional como Shell. Para hacer extracciones en aguas de mar profundas, se necesita tener un capital importante porque son perforaciones de investigación caras”. “Es una inversión que rondará los 800 millones de dólares en términos de lo que van a gastar para saber qué recursos tenemos y el hecho que estén dispuestos a gastar esa cantidad, anuncia que tienen expectativas de que haya recursos importantes para su extracción”.
El canciller añadió que “esto forma parte de la necesidad de producir y que la producción se traduzca en beneficio de los argentinos”.
Respecto a las dos empresas cuestionadas por haber prestado servicios al gobierno kelper, el funcionario nacional dijo que “una de las empresas en su momento estuvo en aguas en disputa entre nosotros y Reino Unido en el periodo 2004 y 2005, y hubo objeciones de la parte argentina que fueron aceptadas, la empresa dejó de participar”.
Ley Malvinas
Consultado sobre la posición del Gobierno Nacional a la denominada Ley Malvinas que impulsa la Provincia de Tierra del Fuego, el canciller expresó que “no lo definiría como rechazo, lo definiría como que el Poder Ejecutivo a través de este ministerio tiene reparos u objeciones al proyecto de ley presentado”.
En este orden mencionó que “los reparos tienen que ver con las atribuciones del Poder Ejecutivo como responsable de la política exterior, la formulación y negociación que conduce a los acuerdos que deberán ser a posteriori aprobados o rechazados por el Congreso de la Nación, que tiene a ese efecto además comisiones específicas de política exterior para su evaluación y presentación de argumentos a favor y en contra de lo presentado por el ejecutivo”.
“Esto no quita que la Cancillería debe ser consciente de que en el proceso negociador deben ser consultadas las partes, que aquellos que tienen intereses en el tema de que se trate, tienen el derecho de ser oídos; ahora la facultad de celebrar el acuerdo y firmarlo es del Poder Ejecutivo, sobre todo de los que son tratados en debida forma”, añadió.
Para Faurie toda propuesta diferente implicaría “una reforma de la Constitución Nacional, porque la Constitución de la Nación establece lo que han establecido sucesivas versiones de nuestra Constitución Nacional desde 1853 hasta la fecha, siempre está la facultad de todos los argentinos de decidir encarar una reforma de la Constitución nacional para definir en forma diferente cómo se lleva adelante la política exterior”.