El fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Guillermo Marijuan se refirió a la denuncia que realizó contra Gabriel Solano y dijo que «existen informaciones públicas que se estarían pidiendo porcentajes de los planes sociales».
BUENOS AIRES (NA).- En diálogo con Jonatan Viale, en Radio Rivadavia, afirmó: «No se puede pedir exigencia alguna por estar, permanecer o conseguir un plan».
«Esto tiene que ver con la falta absoluta de control que existe por parte del Estado nacional respecto de la situación de las personas que tienen planes sociales», dijo el fiscal.
Sobre quien controla en la actualidad los beneficiarios de planes sociales señaló: «En la norma actual el Estado nacional le delega a organizaciones no gubernamentales el control de estos planes».
«Hay que solucionar esto desde el Estado nacional», finalizó Marijuan, quien denunció penalmente a los dirigentes del Partido Obrero Gabriel Solano y Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de «amenazas y extorsión», en el marco de un supuesto cobro del 2% de lo que percibe cada beneficiario del plan Potenciar Trabajo que pertenece a esa agrupación política.
El abogado se basó sobre un artículo publicado en el diario Clarín el 13 de junio y en declaraciones de Solano, quien manifestó que «en el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan».
«Ese 2% -añadió, según explica la denuncia- sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería», sostuvo. «Según se desprende de la información periodística, los beneficiarios del plan ‘Potenciar Trabajo’ deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además asistir a manifestaciones», abundó.
A la ANSES pidió que informe «cuáles son los requisitos que deben reunirse para acceder al programa ‘Potenciar Trabajo’, como así también cuál es la documentación que debe presentarse al efecto».