El “Fondo Permanente” para la Dirección Provincial Servicio Penitenciario, asignado para este año, asciende a la suma de 8 millones 160 mil pesos; el cual está destinado a solventar los gastos para la adquisición de víveres, combustible, reparación de móviles oficiales, atención médica y medicamentos para los internos alojados en las unidades de detención de la Provincia.
USHUAIA.- Mediante el Decreto 402/15; firmado por la gobernadora Fabiana Ríos y el ministro de Gobierno, Omar Nogar, se establece que la Tesorería General de la Provincia realizará transferencias mensuales por la suma de 680 mil pesos desde enero a diciembre de 2015, ambos inclusive. El fondo será con “reposición parcial cada seis meses, a los efectos de facilitar su rendición” dentro del ejercicio presupuestario en curso.
La apertura del fondo permanente, está fundamentado en la necesidad de “contar con el recurso económico que permita cumplir en tiempo y forma con las obligaciones indelegables del Estado para con los internos” alojados en las Unidades de Detención y bajo la responsabilidad de la Dirección Provincial del Servicio Penitenciario.
En los fundamentos del Decreto se tiene en cuenta que la “Constitución Provincial indica que las cárceles y todos los demás lugares destinados para el cumplimiento de penas de privación de libertad, serán sanas y limpias, y que en los establecimientos penales no podrá privarse al individuo de la satisfacción de sus necesidades naturales y culturales, con arreglo a la ley y reglamentaciones que se dicten, respectivamente, siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo cumplir con las mencionadas garantías”.
Exigencias legales
Cabe señalar que la Ley Provincial 777, en su artículo 6, establece como función del Servicio Penitenciario Provincial la de “velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a proceso, procurando que el régimen de detención contribuya a preservar o mejorar sus condiciones morales, su educación y su salud física y mental, para lo cual es imprescindible contar con fondos que solventen los diferentes costos que surjan por estos conceptos”.
Los fondos también serán afectados para la adquisición del combustible y reparación de los móviles oficiales, para la realización de los traslados de internos: a sede judicial, traslados interjurisdiccionales, recorridas, reparto de racionamiento diario, y adquisición de alimentos en los distintos comercios dentro de la Provincia.
En tanto, el artículo 65 de la Ley Nacional 24.660 de Pena Privativa de la Libertad establece, entre otros, que la alimentación del interno estará a cargo de la administración; la cual será adecuada a sus necesidades y sustentada en criterios higiénico-dietéticos.
