Miembros del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) y referentes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de Buenos Aires, estuvieron en Ushuaia y Río Grande realizando acciones para reclamar por la reactivación de la causa que se encuentra paralizada desde hace 15 meses en el Juzgado de Río Grande.
RIO GRANDE (Télam).- Excombatientes e integrantes de organizaciones de derechos humanos nacionales presentaron cuatro nuevas denuncias judiciales en la causa que investiga presuntas torturas cometidas contra soldados por parte de exmilitares de su propia tropa durante la guerra de Malvinas de 1982.
Una comitiva encabezada por miembros del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) y por referentes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de Buenos Aires, que intervienen en el caso como parte querellante, se presentaron ante el Juzgado Federal a cargo de la jueza Mariel Borruto, a cargo de la investigación.
“El excombatiente Miguel Anderfuhrn viajó a la provincia y prestó declaración como víctima. Por su parte, incorporamos dos testimonios tomados en Buenos Aires de un compañero del Regimiento 4 de Monte Caseros y del Regimiento 7 de La Plata”, explicó a Télam el secretario de Derechos Humanos del Cecim, Ernesto Alonso.
Otro caso que fue anexado al expediente es el del “excapitán del Ejército Eduardo Dalmedo”, quien en 2014 realizó un posteo de Facebook donde se lo ve en una fotografía sumergiendo en agua la cabeza de un conscripto con la leyenda: “alguna macana se habrá mandado”.
“Esa foto circula desde hace tiempo y es muy lamentable. Particularmente conozco la situación. Ese hombre era uno de los encargados de la comida durante la guerra, justamente algo que recibíamos poco y nada. La imagen y su descripción es vergonzosa y constituye una evidencia de la impunidad con que se mueven”, enfatizó Alonso.
El Excombatiente comentó que la presentación de las nuevas denuncias fue acompañada en Río Grande por una manifestación de dirigentes gremiales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y del Sindicato de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), además de integrantes de la Multisectorial de Derechos Humanos.
“Los abogados Jerónimo Guerrero Iraola del Cecim y Verónica Bogliano de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, junto a Roberto Cipriano, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria (de Buenos Aires) y Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) de la Argentina, ingresaron al juzgado para realizar las diligencias”, informó Alonso.
Causa paralizada
Ernesto Alonso explicó que la causa originada en 2007 está “paralizada desde hace 15 meses”, a la espera de que la Suprema Corte de Justicia defina si los delitos investigados son de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben.
Sin embargo, “no entendemos la postura de la jueza Borruto de no seguir investigando e indagando a los responsables. La causa tiene que avanzar más allá de los tiempos de la Suprema Corte. Hemos sido muy respetuosos pero el tiempo se nos está terminando”, se quejó el Secretario del Cecim.
El mismo grupo realizó ayer una serie de actividades en la ciudad de Ushuaia, donde fue recibido por el gobernador provincial Gustavo Melella y protagonizó un acto llamado: “Por la Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía”, en el emblemático Monumento a los Caídos durante el conflicto bélico, sobre la costa del canal Beagle.
La causa tiene que avanzar más allá de los tiempos de la Suprema Corte
Con el Gobernador “pudimos hacer un balance del estado de la causa y de cuáles son los escollos que estamos viendo. Por la situación de las nuevas denuncias en el Juzgado Federal de Río Grande y por los cinco expedientes que están a resolución de la Suprema Corte, que no tiene plazos y además no nos da ninguna garantía. Melella nos transmitió su compromiso acerca de que se tiene que llegar a la verdad”, explicó Alonso.
El Excombatiente recordó el 40º aniversario de la recuperación de la democracia en el país y aseguró que la causa por torturas a conscriptos “es una deuda pendiente de las instituciones democráticas” e implica “detener el proceso de memoria, verdad y justicia”.
“La guerra ocurrió en un contexto de dictadura. Lamentablemente siguen habiendo sectores negacionistas que desconocen estos hechos que fueron reconocidos por los propios militares en documentos desclasificados por el Ministerio de Defensa”, mencionó el integrante del Cecim.
La delegación estuvo acompañada de Pablo Bassel, el exsecretario de la provincia de Corrientes, quien en 2005 reunió los primeros 25 testimonios que sirvieron de base para la sustanciación de la causa.