El próximo 23 de septiembre se conocerá el fallo del Tribunal Federal en el Juicio Oral y Público que se lleva adelante en Ushuaia, a partir de una profunda investigación sobre presunta trata de personas en el local nocturno Black and Withe. El fiscal general Adrián García Lois pidió siete años de condena para Victor Morales y cinco años para los restantes integrantes de la familia, por considerarlos responsables de trata y explotación sexual probada de 17 mujeres. “De concretarse sería el primer juicio donde se trata este delito y se condena a un grupo organizado dedicado a esta actividad”, dijo el Fiscal.
RIO GRANDE.- El Juicio Oral y Público que se lleva adelante en la esfera de la Justicia Federal busca determinar la presunta trata de personas en relación a la situación de un caso que involucró al bar Black and White de Ushuaia. El caso tuvo una gran repercusión en medios nacionales donde se llegó a hablar del “clan Morales” sobre la familia que regenteaba este local y para quienes se pidió siete años de cárcel en el caso de Víctor Morales y cinco para los demás imputados.
El fiscal Adrián García Lois indicó ayer a la mañana que “la imputación fiscal en el alegato concretamente dio por probado que en el transcurso de dos años, entre marzo de 2010 y abril de 2012, funcionó el lugar denominado Black and White, que era un lugar donde se ofrecían servicios sexuales, donde había explotación sexual de la prostitución ajena, y donde las mujeres que llegaban ahí lo hacían mediante un sistema de trata que las captaba mediante avisos clasificados en diarios y luego eran rápidamente transportadas, dándoles un pasaje aéreo para llegar a Ushuaia, donde eran recibidas y acogidas por Morales en este local donde se las explotaba sexualmente”.
Según el fiscal Lois, también quedó probado que “Victor Morales era quien organizaba, de hecho el apodo de él era ´El Jefe´, por esto la diferencia en el pedido de penas tiene que ver con la responsabilidad y esto se plasma en la culpabilidad”.
Sin embargo, la responsabilidad del resto de la familia Morales no era menor y por ello se pidió cinco años para ellos. “Para casi todo el resto el rol era acoger a las víctimas dentro del local, ser los responsables de esa explotación y manejar la caja; eran las personas que administraban el lugar, recibían el pago de cada cliente y que al final del día decidían qué darle o qué no a cada una de las víctimas, eran quienes les descontaban el dinero de lo que se recaudaba por las deudas que se les generaban”, agregó Lois.
Respecto a esas “deudas” que generaban quienes eran en realidad víctimas, el Fiscal indicó que “tenían que ver con los gastos que demandaba el pasaje aéreo que después acá, se enteraban que tenían que pagarlo ellas; también un porcentaje producto del lugar donde vivían como un alquiler; consecuencia también de la ropa que utilizaban que se la suministraban; multas en muchos casos y el mismo sistema de explotación por el cual le aplicaban otro porcentaje”.
El sistema de copas era otro de los mecanismos que, según el Fiscal, utilizaba la familia Morales para dar continuidad a la explotación y sometimiento de las mujeres.
“Lo que ellos (los Morales) llaman copas, implicaba que la consumición del cliente era todo para la casa, y de lo que consumía la víctima, solo el 40% le quedaba para ella, el otro 60% también era para la casa. Además el costo en ese período era de $150 en esa época de la copa más económica; pero hay que considerar que las bebidas más caras son las que tienen más alcohol y son las que más ganancia dejan, con lo cual era una forma de incentivar al consumo de alcohol de las mujeres”, detalló Lois.
En este sentido agregó que “el sistema tenía un incentivo por el cual si llegaban a determinada cantidad de copas, a la quinta o décima copa toda la ganancia era para ellas, con lo cual iban a consumir las copas más caras y las de mayor alcohol; de esta manera muchas de las víctimas estaban alcoholizadas toda la noche, y para nosotros esto era una forma de mantenerlas en condición de captación y explotación mucho más fácil en esa situación”.
Fueron 17 las mujeres por las que la Justicia Federal está imputando a los Morales. “En su momento fueron menos las rescatadas, pero había algunas que no estaban en el local pero estaban en otros lugares”.
De concretarse sería el primer juicio donde se trata este delito y se condena a un grupo organizado dedicado a esta actividad. “Si bien hay un precedente, es un caso aislado de una persona que no tenía infraestructura. Este es un caso paradigmático de un sistema de explotación familiar, donde muchos integrantes de la familia están en la actividad y es un precedente fundamental para nosotros”, explicó.
El Fiscal apuntó a la importancia de que resulte una condena de este juicio. “Para nosotros esto marca el quiebre entre la posibilidad de que pueda volver a existir acá este tipo de conductas. Más allá de la prohibición legal de esta actividad, creemos que una sentencia condenatoria sería ejemplificadora y llevaría no solo a la existencia de una normativa sino también la aplicación efectiva para que esto no vuelva a ocurrir nunca más en la provincia”, dijo.
