La mayoría de las inmobiliarias de la ciudad admiten seguir con expectativa la aprobación definitiva de la ley que ya tiene media sanción. Sin embargo, reconocen que tendrá un impacto mucho mayor en las grandes ciudades de país. Los principales cambios apuntan a la defensa de los derechos del inquilino.
RIO GRANDE.- La reciente reforma de ley de alquileres fue uno de los temas centrales en la sesión especial que se llevó a cabo el miércoles último en el Congreso. La Cámara de Diputados le dio media sanción a un tema que lleva tres años de idas y vueltas.
Sin embargo, en la provincia, la mayoría de los operadores inmobiliarios consideran que su impacto aun no puede dimensionarse debido a la depresión que sufre el mercado a partir de la recesión que golpea a los bolsillos de los asalariados fueguinos.
Más allá de las expectativas, lo cierto es que la norma propone una serie de cambios que, tras consensuarse con los principales referentes del sector, esperan permita blindar al inquilino ante situaciones que se replicaron en los últimos años y que redundaron en fuertes críticas por las condiciones desiguales que propone un mercado con poca regulación.
Los cambios
De acuerdo a lo consultado por El Sureño con operadores inmobiliarios de la ciudad, uno de los principales cambios tiene que ver con el ajuste de los valores. A partir de su sanción definitiva, las actualizaciones deberán ser anuales y no semestrales como son actualmente. Además, los ajustes pasarán a realizarse en base a un índice mixto, conformado por el índice de precios al consumidor y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables.
Este punto lo celebran inquilinos, ya que los alquileres no aumentarán más que sus salarios, pero también los propietarios, ya que las actualizaciones se realizan en forma aproximada y quedaban muy por debajo de la inflación.
Por otro lado, el contrato de locación tendrá como plazo mínimo tres años, un año más de lo establecido en la actual regulación. Este es uno de los puntos más celebrados por los inquilinos, ya que argumentan que brinda mayor estabilidad para la planificación familiar y a su vez reduce los gastos que implica la renovación de un contrato.
Asimismo, el texto explicita que los gastos por intermediación de un corredor inmobiliario, de publicación, certificación de firmas o de cualquier otro intermediario dejará de estar a cargo del inquilino.
De acuerdo a la nueva norma, el locatario propondrá al menos dos opciones de garantías, el locador deberá aceptar alguna de las siguientes, siempre que cubra las obligaciones del contrato: garantía real, aval bancario, un seguro de caución, garantía de fianza o garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo o certificado de ingresos.
A su vez, el contrato puede ser resuelto anticipadamente por el locatario si transcurren seis meses de contrato, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con al menos un mes de anticipación.
Si hace uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, debe abonar al locador, en concepto de indemnización, la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble y la de un mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso. Cuando la notificación al locador se hiciese con una anticipación de tres meses o más, no corresponderá el pago de indemnización alguna por dicho concepto.
En cuanto a las reparaciones y expensas, el texto especifica que el locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones, pero ya no tendrá a su cargo las expensas extraordinarias. En el caso de Tierra del Fuego, y particularmente Río Grande, es uno de los puntos con menor incidencia dado la escasa cantidad de consorcios conformados en la ciudad.
No es la primera vez que el Congreso avanza en esta temática. En noviembre de 2016, el Senado había dado aprobación por unanimidad a una iniciativa de la kirchnerista Silvina García Larraburu, proyecto que no logró consensos para avanzar en Diputados durante 2017.
En tanto, en 2018, la Cámara baja retomó el debate y finalmente en octubre del año pasado logró dictamen de comisiones a partir de un texto consensuado, que, sin embargo, no llegó al recinto y tampoco fue incluido por el Poder Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias de ese año, con lo cual perdió estado parlamentario.
En Río Grande
Los agentes inmobiliarios consultados por El Sureño se mostraron cautos con respecto a la aprobación de la normativa, dado que el contexto actual, con una fuerte caída de la demanda y mayor oferta disponible, flexibilizó algunas condiciones.
“Hace cinco o seis años atrás, una ley de estas características hubiera generado mucho ruido. Hoy, como está el mercado, miramos de cerca lo que pueda pasar, pero no nos arriesgamos a lanzar un resultado porque todo está muy complicado, hay poco movimiento”, admitió un reconocido agente, con más de 15 años de experiencia en el rubro.
Además, el mismo expresó que “esta norma va a tener un impacto mucho mayor en las grandes ciudades. Acá medianamente, podemos conocer al inquilino o pedir referencias y muchos de los puntos que generan fuertes problemas en Buenos Aires, por ejemplo, acá no los tenemos, como lo son las garantías o los plazos del contrato”.