El Gobierno celebró la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso Chagos. En una decisión que marca un importante precedente en favor del reclamo soberano de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló este lunes que el Reino Unido debe poner fin “lo más rápidamente posible” a su administración del archipiélago de Chagos,
USHUAIA.- El Gobierno provincial celebró la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que falló este lunes ordenando que el Reino Unido ponga fin “lo más rápidamente posible” a su administración del archipiélago de Chagos, lo que fue reclamado por el país africano.
En las redes sociales, la gobernadora Rosana Bertone subrayó que la “histórica intervención de la Corte Internacional de Justicia en el caso Chagos, demuestra que en la Cuestión Malvinas el pueblo víctima de la acción colonial es el pueblo argentino, quien ha sido privado de la libre determinación de parte de su territorio”.
En tanto, el secretario de Representación de la Provincia sobre Cuestión Malvinas, Jorge Argüello, dijo que “el fallo es un precedente fundamental para la Argentina respecto a Malvinas y un golpe mortal al colonialismo en el mundo”.
Sobre el caso, el funcionario explicó que el país africano reclama la soberanía del archipiélago, ubicado en el océano Índico, y rechaza la decisión del Reino Unido de separar ambos territorios en 1965 a cambio de la independencia del país. La decisión de Londres implicó el traslado de la totalidad de la población de Chagos a Mauricio por parte de Reino Unido y a petición de Estados Unidos para la construcción de su base militar en la isla de Diego García, la más grande del archipiélago.
El 22 de junio de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 71/292, en la que solicitó a la Corte que emitiera una opinión consultiva sobre si el proceso de descolonización de Mauricio se completó con arreglo a derecho y sobre cuáles son las consecuencias que se derivan de que el Reino Unido siga administrando el archipiélago de Chagos.
“Por 13 votos contra 1 la CIJ declaró que el proceso de descolonización de Mauricio no se completó legalmente cuando ese país accedió a la independencia, luego de la separación del archipiélago de Chagos. Así, la CIJ declaró que el Reino Unido tiene la obligación de poner fin a su administración lo más rápidamente posible”, dijo Argüello.
El funcionario indicó que en el fallo, se realizan una serie de afirmaciones que favorecen y refuerzan la posición jurídica Argentina respecto a la Cuestión Malvinas. “Por ejemplo, utiliza la resolución 2066 de 1965 como piedra angular para la emisión de la Opinión Consultiva, una resolución que lleva más de 50 años y que, como demuestra la Corte, sigue siendo aún valida, tirando por tierra el argumento británico de que la resolución 2065 del mismo año que la de Chagos, se encuentra “muerta”, dijo Argüello.
Cabe recordar que la Resolución 2065 de la Asamblea General ONU reconoce que la disputa soberana de las Islas Malvinas está circunscripta exclusivamente a la República Argentina y el Reino Unido, descartando la intervención de la población isleña en las decisiones al ser ésta una población implantada por los británicos, por lo que de forma expresa se niega además la aplicación del principio de autodeterminación.
A su vez, la Corte deja en claro, así como lo hizo anteriormente, que en ciertos casos el derecho de libre determinación no es aplicable por no existir un “pueblo” con dicho derecho, tal y como sucede en la Cuestión Malvinas y en la Cuestión de Gibraltar.
Respecto al Comité de Descolonización de la ONU, la CIJ indica que es dicho organismo quien debe supervisar la implementación de las resoluciones sobre descolonización respecto a la situación específica de cada territorio. Así lo hace año tras año en la Cuestión Malvinas solicitando la reanudación de las negociaciones para poner fin a la disputa de soberanía.
Otro punto de trascendental interés para nuestro país es que la CIJ indica que es la Asamblea General de la ONU quien supervisa los referéndums en los territorios no autónomos. El Referendum de “auto satisfacción” isleña llevado a cabo en 2013 no fue supervisado ni realizado por la ONU, careciendo de toda validez jurídica.
Finalmente, la CIJ establece que es la Asamblea General quien indica cuáles son las formas de poner fin a una situación colonial. En la Cuestión Malvinas la Asamblea General y el C24 en más de 40 resoluciones han indicado que dicha forma es la negociación bilateral para poner fin a la disputa de soberanía.