Recompensarán con 500 mil pesos para quienes brinden datos por cada uno de los dos médicos prófugos: Raúl Rausch y Juan Carlos Martínez.
RÍO GRANDE.- La familia de Castellanos, la paciente quien padece las secuelas de un ACV y acusó a los médicos Raúl Gerónimo Rauch y Juan Carlos Montenegro Martínez por esas consecuencias, juntó $500 mil para ofrecer a modo de compensación a toda persona que pueda brindar datos certeros del paradero de los dos galenos, quienes se encuentran prófugos de la justicia.
De acuerdo a la información que suministró el abogado querellante, Francisco Ibarra, se pudo establecer que ninguno de los dos médicos tiene registrada su salida de la provincia y mucho menos del país, por lo tanto se estima que aún estarían en Tierra del Fuego.
En función de los datos que surgieron, tanto de Migraciones como de las fuerzas de seguridad que controlan todos los puestos de salida de la provincia, no existen registros que Rausch y Montenegro Martínez hayan pasado por algunos de esos controles. En función de este antecedente la jueza Cecilia Cataldo -quien tiene a su cargo el caso de los médicos- ordenó allanamientos en el domicilio y el lugar donde atienden, con resultados negativos.
Cabe recordar que el pasado lunes los profesionales de la salud debían presentarse ante el Tribunal Correccional para ser sometidos a un nuevo juicio oral por el delito de lesiones gravísimas culposas. De acuerdo a la acusación fiscal, ambos médicos no tuvieron el deber de cuidado que su profesión les obliga, en la atención de la paciente Gabriela Jorgelina Castellanos.
En febrero del año pasado, Rausch y Montenegro Martínez fueron absueltos por la jueza Natalia Buitrago; pero el pasado 31 de enero de este año, último día de la feria judicial, el Superior Tribunal emitió una sentencia declarando la nulidad de esa sentencia y ordenó un nuevo juicio. La premura del caso es que el 28 de febrero expira el plazo legal del proceso, por prescripción del delito y con ello se termina la persecución judicial sobre ambos.
Cabe indicar que si bien la querella argumentó la necesidad de que sea el Superior Tribunal quien resuelva el caso, en virtud de entender que “la prueba producida en el debate resulta suficiente para ello y en razón de la garantía del plazo razonable”; los jueces Carlos Sagastume, María del Carmen Battaini y Alejandro Fernández no hicieron lugar a ese petitorio y en su defecto resolvieron que se designe a otro juez correccional y se proceda a realizar otro juicio oral y público.