Dos trabajadores de la delegación del ministerio de Gobierno, una de ellas afiliada a ATE, se presentaron en los tribunales del excampamento YPF para denunciar a la dirigencia de ATE que se manifestó el miércoles en el edificio del barrio Mutual. “Nos cortaron la luz y de esa forma nos obligaron a irnos”, dijo una de las denunciantes.
RIO GRANDE.- La denuncia fue presentada por Laura Patricia Paz y otro empleado de la delegación del ministerio de Gobierno, quienes el miércoles debieron abandonar su puesto de trabajo ante la irrupción de ATE.
Paz aseguró sobre lo sucedido: “Creo todos tienen derecho a reclamar respetando la voluntad de cada individuo, no es la forma correcta, he apoyado otras decisiones y le manifesté a los compañeros de ATE que no era la forma correcta, nos cortaron la luz y de esa forma nos obligaron a irnos, y nadie se acopló acá a esa medida”, relató la mujer en declaraciones al programa radial La Mañana Líder.
La mujer -que aseguró es afiliada a ATE- pidió a su representación sindical “que revean esta situación; hoy somos muchos compañeros los que acá se acoplaron a esta denuncia, el motivo es que nos sacaron de nuestro lugar de trabajo de una forma agresiva, es agresivo que te corten la luz y te hostiguen a irte, no te escuchan cuando vos le decís, yo les pregunté por qué no se acercaron ayer que tenían una reunión para negociar y no te dicen nada; sentimos nuestros derechos pisoteados”, dijo la mujer.
La mujer agregó diciendo que “no es correcto hostigar a las personas y mentir de que los jefes nos aprietan para acompañar, pero acá nada de eso pasó”, expresó; quien es personal de planta del ministerio, “todos los que trabajamos acá estamos de acuerdo con esto, y esto pasa en muchos sectores”.
Respecto de su postura en relación a las medidas sindicales aseguró que “en otros momentos nos hemos sumado a paros cuando creímos era lo correcto, pero vemos que ellos mienten, nos dicen que Gobierno no los escucha y podemos dar fe que el 29 los estaban esperando acá para negociar y ellos no vinieron”.
Fiscal impulsó la denuncia
La presentación en fiscalía realizada el miércoles pasado, finalmente ayer fue tomada por el fiscal de turno, Dr. Jorge López Oribe, quien requirió formalmente el inicio de una investigación para determinar si existieron conductas ilícitas en torno a lo manifestado por los denunciantes.
En ese requerimiento, el Fiscal precisó que las acusaciones imputan a los dirigentes de ATE, Marcelo Córdoba, Felipe Concha, María Sosa y Violeta Santander, incluyendo además otros episodios sucedidos en dependencias públicas.
PENALIDAD: Delitos contra la libertad de trabajo y asociación: ARTICULO 158. – Será reprimido con prisión de un mes a un año; el obrero que ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga o boicot. La misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lock-out y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal determinada.
