Con el afán por defender el superávit fiscal el Gobierno frenó transferencias comprometidas para el proyecto de la nueva planta de uranio de la empresa estatal Dioxitek en Formosa.
BUENOS AIRES (NA).- Así como la falta de financiación para el gasoducto Néstor Kirchner puso en alerta la provisión de gas para el país y hubo que salir de urgencia a importar gas a precios más caros, ahora el Gobierno paraliza una obra clave con un avance mayor al 70%.
Esta falta de financiamiento nacional generó una serie de consecuencias graves. Además del riesgo de interrupción en la producción de energía nuclear, la paralización llevó a la pérdida de empleos especializados y al abandono de infraestructura e instalaciones al 70% de su avance, lo cual representa una pérdida de inversión para el Estado nacional por 150 millones de dólares.
Dioxitek es fundamental para la producción de energía nuclear argentina, ya que abastece el 7% de la energía eléctrica nacional.
La complementación de esta planta con la actual en Córdoba es crucial para mejorar la eficiencia y asegurar el suministro continuo de combustible nuclear necesario para las centrales de Atucha I, Atucha II, y Embalse.
La paralización del proyecto NPU no solo compromete el suministro energético del país, sino que también impacta negativamente en la economía regional y en las numerosas contratistas involucradas en el proyecto, las cuales hoy exigen el pago de los compromisos asumidos, generando un perjuicio económico significativo y potenciales conflictos legales.
La situación actual también puso a Dioxitek en una posición precaria legal y financiera, con deudas pendientes que amenazan su estabilidad operativa y su capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos con terceros.