El Gobierno nacional decidió implementar, a partir de 2018, un sistema de “lista negra ampliada” que impedirá usar en el país todo teléfono que haya ingresado de manera irregular. Y para ello armarán una base de datos con los códigos IMEI de todos los teléfonos habilitados para funcionar en la Argentina. Se estima que este año ingresarán irregularmente al país 2,8 millones de equipos.
RIO GRANDE.- En los últimos tres años se duplicó el contrabando de «smartphones» de última generación, que suelen ser originales, se entregan en caja cerrada y parecen iguales a los que tienen en venta las empresas de telefonía móvil y las grandes tiendas de electrónica.
Estos teléfonos evadieron impuestos, no tienen garantía en el país y son hasta 50% más baratos.
Por fuera de los canales oficiales, se consiguen móviles de dos maneras. Una es viajando: se adquiere en otro país y se trae de regreso para usarlos en la Argentina muchas veces sin declararlos al pasar por la Aduana.
La otra gran vía, que explica más del 80% de los casos, es la compra a comerciantes que revenden de manera ilegal teléfonos contrabandeados.
Entre ambas modalidades, la consultora Carrier y Asociados estimó que en 2014 la población había comprado 1,5 millón de aparatos que no fueron fabricados para usarse en la Argentina. Pero en 2015 ya fueron 2 millones y este año serán 2,8 millones, frente a un mercado formal de 10,3 millones de equipos.
Así, las compras ilegales casi se duplicaron en los últimos tres años. Y pasaron a representar unos 7.700 aparatos por día, 320 por hora o 5 por minuto.
Estas cifras implican, a su vez, que este año el 21,4% de los celulares nuevos que compraron los argentinos (1 de cada 5) tendrán origen informal, cuando en 2014 eran el 13,5% (1 de cada 7).
«Sólo de iPhones se cuentan 300.000 por año y ya hay funcionando más de 1.100.000 acá, casi todos traídos de manera informal», graficó el analista de telecomunicaciones Enrique Carrier.
«Las estimaciones -agregó ante el diario porteño Clarín- se basan en los datos de las marcas, que saben con precisión dónde se fabricó y dónde se activó cada aparato por primera vez, gracias a un código único de cada equipo conocido como IMEI».
Los industriales de Tierra del Fuego, afectados por el fenómeno, coinciden en que el mercado informal «creció fuertemente en los últimos dos años» y van aún más allá con la estimación: creen que ya mueve 3 millones de celulares al año, sin contar los iPhone.
«Ante la falta de controles, la oferta de aparatos de origen ilegal se volvió enorme, principalmente en pequeños locales de galerías y en plataformas online de compraventa», indicó Federico Hellemeyer, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), ante Clarín.
El fenómeno, que se aceleró con el fin del «cepo cambiario» y el auge de los viajes de compras a Chile y Paraguay, pasó en los últimos días al centro de la escena.
El Gobierno se decidió a implementar «desde inicios de 2018» un sistema de “lista negra ampliada” que impedirá usar en el país todo teléfono que haya ingresado de manera irregular.
Armarán para ello una base de datos con los códigos IMEI de todos los teléfonos habilitados para funcionar en la Argentina. Y bloqueando a todo el resto, como pasa actualmente con los equipos denunciados como robados o perdidos.
En el Gobierno remarcan que esto afectará sólo a los teléfonos llegados al país desde que la nueva norma entre en vigencia (no los ya ingresados). Enfatizan que la medida apunta principalmente a desbaratar el negocio de contrabandistas y ladrones de celulares.
De todas maneras, admiten que el nuevo sistema también impedirá que los viajeros activen en el país los teléfonos comprados afuera, si al regresar «olvidan» declararlos y pagar los aranceles que correspondan.
«La idea es que, al pasar por la Aduana, el turista registre el aparato que compró afuera para que su IMEI sea sacado al instante de la lista negra. Si el celular se adquirió en una web extranjera y llegó por correo ‘puerta a puerta’, el comprador podrá desbloquearlo en el mismo trámite con el que confirma la recepción del paquete», precisó una fuente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a Clarín.
Si el viajero omite declarar el equipo, no podrá tener servicio en el país. Salvo que haga un trámite especial, pagando los impuestos que haya evadido.
«Está en definición cómo se implementará, pero la resolución va a incluir un mecanismo lo más sencillo posible para que la persona regularice la situación», añadió la fuente.
Aún sin la nueva “lista negra”, quienes hoy compran celulares de manera informal -a veces sin advertirlo- se exponen a determinados riesgos.
«En caso de un desperfecto o rotura -explicó Hellemeyer-, no tienen garantía y nadie les asegura repuestos. Además, si están diseñados para comunicarse en otras redes, pueden funcionar mal, con menor velocidad y gastando más batería».
Si se concretan las intenciones del Gobierno, desde el año que viene comprar un aparato de origen ilegal implicará gastar una buena cantidad de dinero en un objeto que nunca tendrá chances de comunicarse. Por eso, será clave que los compradores, al llegar a los negocios, sean capaces de reconocer a tiempo estos equipos, para no ser estafados.
Como primera medida, y previo a concretar la compra, los expertos consultados recomiendan verificar que el número de IMEI del aparato no figure en la “lista negra” nacional.
Para eso, es necesario primero averiguar ese código único de 15 cifras, algo que se logra marcando *#06# en el aparato. Y luego, verificar en el sitio www.enacom.gob.ar/imei si el dispositivo está o no habilitado para utilizarse en la Argentina.
Otros signos que deberían inducir la sospecha son la falta de la estampilla fiscal de la AFIP en el aparato (no en la caja) y que tenga un cargador no diseñado según las normas de seguridad eléctrica vigentes en el país: por ejemplo, si para enchufarlo es necesario utilizar un adaptador.