La gobernadora Rosana Bertone promulgó la ley 1233 mediante la cual se exige como requisito de permanencia en los niveles políticos de la función pública el carecer de adicción a drogas ilegales. La normativa alcanza al Ejecutivo, Legislativo y la Justicia. Todos los funcionarios deberán someterse a pruebas de orina.
USHUAIA.- Con la firma del decreto 2076/18, la gobernadora Rosana Bertone promulgó la ley 1233 mediante la cual podrá ser separado del cargo de la función pública aquél funcionario que tenga problemas de adicciones a sustancias ilícitas, medida que alcanza al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y organismos de control.
Todos los funcionarios públicos están obligados a realizarse un examen de detección de metabólicos de drogas en orina, en un plazo de 4 meses de puesta en vigencia de la ley, con periodicidad de un año. Este procedimiento puede ser reemplazado por otros exámenes y/o bioquímicos en función de su mayor precisión y efectividad.
La ley indica que en caso de que el examen diera positivo, el funcionario tiene derecho a exigir una contraprueba dentro de los 10 días hábiles siguientes al resultado. En caso de que se detecte la presencia de sustancias ilegales consumidas, será causante del cese en la función pública y en caso de ser electo, el funcionario será pasible de suspensión y revocación de mandato como lo establece la Constitución de la Provincia.
Al momento de que los funcionarios alcanzados por la ley se realicen el examen de orina se tomarán dos muestras que deben ser selladas y firmadas por las partes. Una de ellas será utilizada para el examen inicial. Si diera resultado positivo, el funcionario tiene derecho a exigir, dentro de los 10 días hábiles siguientes, la realización de una contraprueba para lo que se utilizará la segunda muestra.
La ley alcanza a los siguientes funcionarios públicos:
-Poder Ejecutivo: Gobernador y vicegobernador, hasta el rango de subsecretarios, autoridades de entes autárquicos y descentralizados, personal superior y subalterno de la Policía y servicio penitenciario. Además, responsables de los organismos de control (Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas).
-Poder Legislativo: Legisladores y funcionarios hasta el rango de prosecretarios.
-Poder Judicial: Jueces, magistrados y funcionarios, incluidos los del Ministerio Público (Fiscalía y Defensoría).