Dos veces el relator del Superior Tribunal de Justicia, Marcelo Damián Guzmán, quebrantó las reglas de conducta que le aplicó el juez de Familia y Minoridad; sin embargo, solo se le impuso una multa de 50 mil pesos asegurándole la libertad. En tanto, la indagatoria recién se fijó para dentro de 40 días y se realizará de manera virtual.
USHUAIA.- Es indudable que no se mide con la misma vara cuando una denuncia salpica a un ciudadano común de cuando se trata de un alto funcionario del Superior Tribunal de Justicia, porque en las últimas horas se informó de manera oficial que el Dr. Marcelo Damián Guzmán (relator del máximo órgano judicial), seguirá libre durante el proceso y que recién dentro de 40 días será llamado a indagatoria.
Del mismo comunicado oficial se desprende que este martes 16 de agosto el Juzgado de Familia y Minoridad Nº 2 impuso una multa de 50 mil pesos al funcionario, luego que el fin de semana la víctima denunciara, en sede policial, dos incumplimientos vinculados a la prohibición de acercamiento. Esto abona más la indignación de la sociedad de la protección que les brindan a los funcionarios de alta jerarquía en la Corte.
Guzmán está imputado en la Causa 42208/2022, caratulada “Guzmán, Marcelo p/Lesiones. Denunciante: Kirstein, Carla”, a cargo del juez de Instrucción, Javier De Gamas Soler, quien impuso reglas de conducta al relator del Superior Tribunal, y que, “en caso no cumplir con estas medidas, se puede ordenar su inmediata detención”.
Las reglas de conducta fijadas son: fijar domicilio; comunicar cualquier posible variación de éste a la autoridad judicial; comparecer inmediatamente a todas las citaciones que se le formulen desde el órgano judicial; prohibición de acercamiento a una distancia menor de 100 metros de la víctima y de todo tipo de comunicación con ella, así como de testigos y familiares de quienes declaren en la causa.
Cabe indicar que De Gamas Soler dispuso la producción de medidas de prueba, por lo que fijó que la indagatoria al funcionario sea el 27 de septiembre. No obstante, ese plazo se puede modificar, toda vez que hayan reunidos las pruebas y estén los informes periciales.
Cabe señalar que, para la indagatoria, fijada para las 10:30, el imputado deberá prestar declaración desde un teléfono celular o desde una computadora con cámara web con conexión estable a internet, bajo apercibimiento de ordenar su inmediata detención.
Los acontecimientos
Oficialmente se informó sobre los acontecimientos ocurridos desde que se hizo la denuncia formal por violencia de género que tiene como imputado al Dr. Marcelo Damián Guzmán, relator del Superior Tribunal de Justicia.
El 8 de agosto Carla Kirstein hizo la denuncia en la Comisaría y luego la ratificó y amplió por más de tres horas ante el Juzgado de Familia y Minoridad. Ahora bien, no fue sino hasta que se difundió su angustiante declaración en las redes sociales, este domingo 14 de agosto (seis días después de la denuncia), que el Superior Tribunal no adoptó medidas contra el funcionario acusado.
En el comunicado oficial se relata los acontecimientos ocurridos luego que la víctima hiciera la grave denuncia que escandaliza a la sociedad, por estar involucrado un alto funcionario del Poder Judicial, un hecho más que erosiona la pobre imagen que tiene esa institución en la provincia y en el país.
El informe indica:
El 8 de agosto, el Juzgado de Familia y Minoridad Nº 2, a cargo del Dr. Marco Mellien, dispuso de forma inmediata la exclusión del hogar del funcionario, en el mismo momento en que la víctima estaba haciendo la denuncia en la Comisaría.
Cuando la mujer fue citada a declarar lo hizo por más de 3 horas en compañía del equipo interdisciplinario del Juzgado de Familia Nº 2. En tanto, el día 9 de agosto la víctima realizó la denuncia en la Fiscalía del Distrito Judicial Sur, a cargo del Dr. Nicolás Arias, quien impulsó la acción penal.
En forma simultánea, la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana (DIAT) intervino para llevar contención profesional en resguardo de la mujer. Asimismo, el Juzgado de Familia ordenó al denunciado que abone el 15% de sus haberes, en concepto de cuota provisoria.
Suspendido
El Dr. Marcelo Damián Guzmán, relator del Superior Tribunal de Justicia, fue suspendido en sus funciones y no prestará ningún tipo de tareas en ese máximo organismo judicial. La medida se mantendrá mientras se le sustancia un sumario administrativo y el proceso penal al que quedó imputado por la acusación que hizo su esposa por agresiones físicas y psicológicas.
Ello desde el 9 de agosto que el fiscal Nicolás Arias recibió la denuncia formulada por Carla Kirstein, quien valerosamente hizo saber su situación a través de un video que hizo circular en las redes sociales, al encontrarse en un total estado de vulnerabilidad. No fue hasta que se hizo público el relato de la mujer que el Poder Judicial no adoptó las medidas de desplazar a Guzmán de su cargo.
El Relator del Superior Tribunal, designado por el juez Ernesto Löffler, sigue en libertad, a pesar de la gravedad de la denuncia que hizo la víctima. Habrá que esperar qué temperamento emplean el juez de la causa penal, Javier De Gamas Soler y el Fiscal, cuando sea indagado (el 27 de septiembre), ya que en casos casi análogos los agresores fueron privados de su libertad mientras duró el proceso (el 28 de junio pasado se conoció que un policía estuvo seis meses preso por un caso de violencia de género, del que resultó absuelto).
Hechos graves
El propio Superior Tribunal, en un comunicado oficial, indica que debe tenerse en cuenta “la gravedad de los hechos” que denunció la mujer contra su esposo, el abogado Marcelo Damián Guzmán y que “la conducta cuestionada podría configurar una falta grave”; sin embargo subrayan “el resguardo del estado jurídico de inocencia” hacia el acusado; en lo que resulta ser una burbuja para cuando el asunto involucra a un integrante del Poder Judicial.
El comunicado emitido por el Poder Judicial hace una fundamentación legal muy decorosa, pero que en la realidad no da la respuesta que exige la sociedad y las organizaciones feministas que salieron a respaldar a la víctima, quien decidió enfrentar a uno de los poderes más cuestionados del país.
El comunicado señala:
Los acontecimientos denunciados verían vulnerada la prescripción del inc. b) del art. 60 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial, que ordena: “… observar en el servicio y fuera de él, una conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función”.
Sin perjuicio del estado incipiente de la investigación que impone el resguardo del estado jurídico de inocencia, -dice la Resolución- debe tenerse en cuenta la gravedad de los hechos denunciados, la sensibilidad y complejidad de la tarea que desarrolla el funcionario, como así también los altos estándares que imponen la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (CEDAW) -de rango constitucional- y la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” o “Convención de Belem do Pará” -ratificada por ley 24632- y la ley nacional 26485, a la que nuestra provincia adhirió mediante ley 1013.
“Los compromisos asumidos por el Estado argentino, en los instrumentos aludidos, obligan a este Poder Judicial, desde un primer momento, a garantizar el máximo estándar de protección de los derechos de la mujer, y de los niños, niñas y adolescentes, considerando su interés superior ampliamente reconocido, tomando para ello en cuenta el contexto actual y la situación de vulnerabilidad y complejidad que atraviesa la denunciante, conforme la información suministrada por la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana”.