BUENOS AIRES (NA).- El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó ayer que la modificación del régimen penal juvenil es «una deuda de la democracia» porque la legislación actual es «de la dictadura» y «es un espanto», al tiempo que no descartó que pueda tratarse antes de las elecciones.
En declaraciones a la prensa efectuadas en Casa de Gobierno, momentos antes de mantener una reunión de gestión con el presidente Mauricio Macri, Garavano ratificó así su iniciativa para modificar el régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
«La ley actual es un espanto, es una ley de (el dictador Jorge) Videla, del año 80, de la dictadura, tiene más de 36 años, es una ley paternalista que no le reconoce derecho a los jóvenes, que no les permite a los jueces hacer un abordaje con una intervención más activas por parte del Estado», indicó.
En este sentido, el ministro remarcó que «todos los expertos coinciden, de todas las corrientes, en que es una deuda de la democracia cambiar esa ley» y agregó: «No podemos seguir con una ley que nos ha traído a la situación en que estamos hoy y que nunca se modificó».
Respecto del tiempo que podría llevar esta discusión -que requiere de consenso dado que el oficialismo no tiene mayoría en el Congreso- Garavano ratificó que su idea es que pueda aprobarse «después del período electoral, para no entrar en la discusión propiamente de la campaña».
No obstante, aclaró: «Si se construye previamente consenso con los distintos actores o si los partidos políticos quieren discutirlo en el Parlamento, nosotros no tenemos problemas. Lo que es importante es generar bases para saldar esta deuda que tenemos con la democracia».
Garavano subrayó que para la posición del Gobierno «el eje y la polémica siempre se centra en la edad, es poder tener realmente un régimen de responsabilidad penal juvenil que permita hacer un abordaje temprano, especialmente de los más jóvenes que cometen sus primeros delitos y que hay que tratar de sacarlos en ese momento».
En este sentido, el ministro consideró «clave» poder «romper con ese esquema» en el que «cuando un joven se involucra en un delito, por más leve que sea, un hurto, a veces unas lesiones, que el Estado se haga presente y que empiece a trabajar con ese joven para que pueda realmente reinsertarse».
Al respecto, puntualizó que «entre un 70 y un 80 por ciento de las personas que están en las cárceles de mayores cometieron algún delito siendo jóvenes o tuvieron alguna interacción con el sistema penal juvenil».
