Así lo adelantó el secretario de Políticas para Personas con Discapacidad, Carlos Cabrera. El funcionario sostuvo que “lamentablemente tenemos pensionados RUPE que hace más de 20 años que están fuera de la provincia, por distintas razones, no del todo bien demostrables, pero que necesitamos interiorizarnos pormenorizadamente”. Al respecto adelantó que se está “haciendo el seguimiento para demostrar con documentación dicha situación y así poder efectivizar el cese del pago de la pensión, que es lo que dice la Ley 389”.
USHUAIA.- El Gobierno avanzará en probar que muchos pensionados RUPE no residen en la provincia y procederá a cesar el pago de los beneficios una vez se obtenga la documentación que pruebe dicha anomalía.
Así lo anunció el secretario de Coordinación de Políticas para Personas con Discapacidad, Carlos Cabrera, quien aseguró que “lamentablemente hemos recibido críticas producto de la implementación de una serie de controles para tratar de ordenar, de modo tal que las pensiones rindan lo que tiene que rendir y alcancen a la población para la que están destinadas y que es la más vulnerable”.
Cabrera dijo que “hemos detectado muchas personas que perciben la pensión y que no viven en la provincia, por lo que estamos haciendo el seguimiento para demostrar con documentación, poder efectivizar el cese del pago de la pensión, que es lo que dice la Ley 389 cuando se dan este tipo de casos”. No obstante admitió que “no es simple concretar este paso porque se debe documentar desde el punto de vista legal que esta situación de irregularidad existe y entonces lleva su tiempo. La Justicia exige una serie de requisitos que estamos cumplimentándolo en esta etapa”.
Además sostuvo que “lamentablemente tenemos pensionados RUPE que hace más de 20 años que están fuera de la provincia, por distintas razones, no del todo bien demostrables, pero que necesitamos interiorizarnos pormenorizadamente de la problemática para decir si se justifica que aún estén afuera o si se justifica que todavía estén percibiendo la pensión o no”.
Si bien el médico no especificó el número concreto de casos irregulares detectados, dijo que “son muchos los casos” y para graficar agregó que “a principio de año sobre 20 expedientes revisados, 5 no residían en la provincia y 8 no tenían actualizada la documentación en el expediente”.
El Secretario dijo que “estamos avanzando bastante bien, hemos conseguido que el Ejecutivo extendiera ese aporte económico que dio al sector activo, lo extienda también a pesar de que no hay movilidad en la grilla de los pensionados”. Sostuvo que esos $2.500 pesos otorgados a los RUPE fue porque “se entendía el momento que están pasando y se dio este monto a cuenta de futuros aumentos”.
Cabrera apuntó además a factores que estuvieron durante mucho tiempo fuera del control del Estado. “Tenemos lamentablemente muchísimas personas con discapacidad que están percibiendo la pensión RUPE pero que tienen sus expedientes totalmente desactualizados en distintos aspectos, por ejemplo no tienen el domicilio actualizado; la vigencia del Certificado Único de Discapacidad que es de incumbencia nacional; el otro defecto es el certificado médico oficial, ya que no todos lo tienen actualizado, y es un factor muy importante y determinante a la hora de generar políticas para reinserción laboral”.
El funcionario dijo que en la provincia hay 1480 pensiones por discapacidad a las que “hay que agregar un 10% más que son personas adultos mayores y en situación de vulnerabilidad que eso lo maneja otra área, que es el Ministerio de Desarrollo Social”.
Ante las quejas planteadas de familiares de pensionados RUPE sobre la modalidad presencial para hacer los trámites, dijo que “esto ya fue corregido por una resolución” y manifestó que aquellas personas que no estén dentro del sistema educativo o que sean pensiones por vejez y que estén enfermas o postradas y que tengan impedimentos para ir a las oficinas “deberán notificar al área correspondiente y un agente de la oficina de discapacidad se va acercar para corroborar dicha situación”.
