Mediante decreto 2273/21 fechado el 1 de noviembre y publicado en el Boletín Oficial del viernes último, el gobernador Gustavo Melella revocó “por razones de ilegitimidad” la contratación directa realizada en 2019 para efectivizar tareas de rescate y monitoreo arqueológico del proyecto Corredor Costero Canal Beagle y declaró la nulidad del contrato celebrado con la empresa “Servicios Ambientales SRL” en concepto de servicios de consultoría.
USHUAIA.- No obstante, como la empresa había emitido un primer informe sobre los trabajos contratados y obtuvo sentencia favorable en la Justicia para reclamar su deuda, el Gobernador debió aprobar el pago de $4.943.500 que costó dicho informe.
Según se desprende del decreto, el llamado a contratación directa se autorizó el 28 de octubre de 2019 con un presupuesto de $9.887.000 y un plazo de ejecución de 60 días corridos. Pero luego, la fecha se rectificó en lo atinente al encuadre legal del llamado como contratación directa por excepción de urgencia, por lo que finalmente, el procedimiento se aprobó el 29 de noviembre de 2019 adjudicando los trabajos a la empresa Estudios y Servicios ambientales SRL por el monto mencionado.
Cabe destacar que el contrato de consultoría firmado por el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos Sr. Luis Alberto Vázquez ad referéndum de la entonces Gobernadora y el señor Fernando Valdovino en su carácter de socio gerente de la mencionada empresa, fue celebrado el 22 de noviembre de 2019 estipulando sus efectos retroactivamente al 1º de octubre de 2019.
Al asumir la actual gestión de gobierno, una auditoría interna estableció que “se observa como carácter insalvable que el contrato fue suscripto con fecha 22/11/19 y el decreto que aprueba el procedimiento de contratación fue suscripto con fecha 29/11/19, ambas fechas posteriores al inicio de la prestación del servicio, cuya facturación corresponde al mes de octubre de 2019”, por lo cual el pago de la factura no se hizo efectivo.
Sin embargo, como se constató que el trabajo facturado efectivamente se había realizado, intervino el Tribunal de Cuentas, opinando que la cancelación de la factura era procedente, al igual que el servicio jurídico del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que recomendó revocar el contrato por razones de ilegitimidad “no resultando aplicable el marco contractual, al haber recibido la administración un servicio útil sin contraprestación alguna, se habría configurado un enriquecimiento sin causa por parte de esta, a costa de la firma Estudios y Servicios Ambientales SRL.
Como la empresa interpuso un amparo por mora y obtuvo sentencia favorable, la justicia impuso un plazo de 10 días para hacer efectivo el pago de la factura, por lo que emitió el decreto de marras.
Cabe recordar que la contratación de la Consultora, se produjo luego de que la Defensoría del Pueblo de la Nación interviniera a pedido de un ciudadano, por el impacto ambiental que la obra del Corredor del Beagle estaba ocasionando al bosque fueguino y sus yacimientos arqueológicos.
En un dictamen fechado el 18 de octubre de 2019, el organismo exhortó a las autoridades provinciales a subsanar de aquí en adelante las falencias detectadas en relación a la construcción de la ruta provincial “y adecúen su accionar a la normativa convencional y legal individualizada”.