BUENOS AIRES (NA).- La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, a cargo de la causa por la desaparición del submarino “ARA San Juan” sostuvo ayer que el Gobierno le comunicó que “ninguna” de las informaciones que le requirió a la Armada Argentina pueden ser caratuladas como “secreto militar”, tal como le habían indicado en un primer momento responsables de la fuerza.
Yáñez señaló que los responsables de la Base Puerto Belgrano y del área de Arsenales y Mantenimiento de la fuerza le habían dicho que la información que ella les requirió el pasado viernes se encontraba alcanzada por el “secreto militar” o la “Ley de Inteligencia Militar”, lo que fue finalmente desestimado por el Gobierno a través del Ministerio de Defensa.
“Pedimos el relevamiento del carácter confidencial de toda la documentación y en el Ministerio de Defensa ha dictaminado que ninguna de esa información estaría alcanzada por el secreto militar”, expresó la magistrada en declaraciones a radio La Red.
Yáñez dejó trascender cierto malestar por la contradicción en cuanto al carácter de la documentación requerida para comenzar a investigar las circunstancias en las que desapareció el submarino con 44 tripulantes quince días atrás.
“El malestar también es dentro de la Armada, que es una fuerza muy compleja. Hay que pensar que dijeron que era secreto militar y en la Armada habían ordenado brindar toda la información”, expresó.
En torno a la misma situación, la jueza informó que le impuso al jefe de la Armada, el almirante Eduardo Srur, la “carga de conservar todas las medidas de prueba”.
Además Yáñez consideró que la desaparición del submarino es “la mayor tragedia naval argentina” y apuntó a que ella intenta establecer, tras analizar la documentación requerida que por el momento no recibió, las “circunstancias y condiciones en la que salió, la misión que tenía y quien lo autorizó”.