El tema de la seguridad se perfila como uno de los ejes de la campaña electoral de Cambiemos y al mismo tiempo se mezcla con el extenso debate sobre los piquetes como método de protesta.
BUENOS AIRES (NA).- Las últimas movilizaciones de agrupaciones sociales llevaron al Gobierno a tratar de mostrarse más firme frente a los cortes de calle porque ve allí una «especulación política», mientras que los movimientos sociales aseguran que «no quieren que haya un estallido social» pero le achacan al Ejecutivo más interés en los planteos «relacionados a la seguridad» que en «resolver problemas».
El acampe en la avenida 9 de Julio que realizaron días atrás Barrios de Pie y el Polo Obrero y el fuerte operativo de la Policía de la Ciudad que impidió el avance de una de las columnas forman parte de esa discusión y se combinan con el renovado énfasis del Gobierno en el tema seguridad y espacio público, de cara a 2019.
Así, por ejemplo, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que es quien se encarga de las negociaciones con los distintos movimientos sociales manifestó este sábado en una entrevista con Infobae que «la mayoría de las veces pretender cortar el tránsito o acampar en la 9 de Julio responde a una cuestión política de algún dirigente».
«Nuestra atención es con la realidad más vulnerable y no con la especulación política», afirmó Stanley y agregó: «No aceptamos la extorsión como método ni el uso clientelar o partidario de la política social».
La ministra subrayó que el Gobierno está «abierto al diálogo» pero consideró que «aún existen algunos sectores que siguen creyendo en la lógica de cuanto peor, mejor, o que buscan exacerbar la angustia».
La visión de Stanley se relaciona no solo con el discurso que viene hilvanando la Casa Rosada en torno a la seguridad y el espacio público sino también con la desconfianza que sectores del Gobierno tienen hacia las protestas que se llevan a cabo durante diciembre, un mes siempre difícil para la política argentina.
Del lado de los movimientos sociales aparece la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que este sábado expresó: «Si hay alguien que no quiere que haya desbordes o estallido social somos nosotros, porque la historia demuestra que en la mayoría de esos hechos los muertos son nuestros».
Así lo expresó el secretario general de la CTEP, Esteban «Gringo» Castro, quien remarcó que los movimientos sociales «no tienen ninguna intención de generar cualquier tipo de problemas en diciembre», pero alertó que «el Gobierno tiene que resolver los problemas y dejar de plantear problemas relacionados a la seguridad, cuando el tema es el saqueo que se está generando en nuestro país».
En declaraciones a FM La Patriada, el referente de la agrupación que lidera Juan Grabois evaluó que «el Gobierno se quedó sin discurso» y añadió: «Por un tiempo les daba resultado el discurso de la pesada herencia. Ahora, el Gobierno necesita un discurso vinculado a la seguridad, a la represión».
Ocurre que en el medio del debate sobre el ejercicio de los reclamos sociales -que para los movimientos de desocupados y trabajadores informales se tornan más urgentes en un cierre de año con elevada inflación- y el uso del espacio público, se mete el nuevo protocolo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre uso de armas de fuego por parte de fuerzas federales.