Golpe al narcomenudeo

A partir de una denuncia recibida al abonado 101 se pudo poner al descubierto el accionar de dos personas que cultivaban marihuana, la fraccionaban con fines de comercialización y la ofrecían a menores que acuden a la Escuela 4 y a una plaza aledaña, en la Margen Sur.

RIO GRANDE.- Dos personas, cuyas identidades no fueron suministradas oficialmente, quedaron imputadas en una causa de drogas, pero no fueron detenidas, de acuerdo a lo que dispuso la jueza Federal actuante, Mariel Borruto. Lo grave que se desprende de la causa es que se sospecha que vendían los estupefacientes a menores que concurren a la Escuela 4, en la Margen Sur y a una plaza que está en cercanías a ese establecimiento.

De acuerdo lo que difundió la Policía, en un parte oficial, el operativo se realizó a partir de las tareas enmarcadas en las políticas prevencionales que se vienen llevando a cabo en contra el narcomenudeo y erradicación de focos de venta al por menor, que lleva adelante personal de la División Narcocriminalidad y Delitos Federales de Río Grande.

A partir de una denuncia anónima efectuada al abonado 101, en el mes de abril de este año, se estableció “el posible autoabastecimiento a través de plantas de Cannabis sativa y/o derivados, sobre un domicilio en cercanías a la Escuela No 4 y una plaza de juegos ubicada a unos 100 del punto de venta, que ponía en un gran riesgo la salud del alumnado y menores de edad de la zona”, indica el comunicado oficial.

Con los elementos colectados como pruebas, desde el Juzgado Federal surgió la pertinente orden para el allanamiento de la morada investigada procediéndose al secuestro de 63 plantas de Cannabis sativa; 24 gramos de marihuana compactada y tres cigarrillos artesanales de marihuana.

También se procedió al secuestro de gran cantidad de elementos de fraccionamiento, corte y distribución como una balanza, retazos de nylon, tijeras con restos de sustancia vegetal, anotaciones varias, y 0,5 gramos de cocaína.

También se decomisaron 4 municiones de arma de fuego calibre 22, cinco teléfonos celulares y un total de $16.080, en diversas denominaciones.

En virtud de los resultados obtenidos, la jueza Mariel Borruto sólo ordenó la notificación de Derechos y Garantías Procesales Federales de dos personas y la fehaciente identificación, sin que se procediera a la detención de ninguno de ellos.

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