La empresa de seguridad DNZT, denunció
públicamente varias irregularidades en el IPV, respecto de las
contrataciones y el pago de los servicios. Su titular, Martín
Dunezat, dialogó con El Sureño, y detalló los hechos que llevaron
a un conflicto que incluye la falta de pago de tres meses de
servicio, y el despido de más de 40 empleados.
RIO GRANDE.- La empresa DNZT Seguridad, denunció públicamente ayer, serias ir la primer licitación que ganaron fue la de seguridad en 2017. trabajaron durante un año, sin reclamo alguno, con un promedio de 40 empleados, y una facturación promedio de un millos 800 mil pesos.
“En enero de este año ganamos una licitación de limpieza, y empezamos a trabajar en febrero. Ni bien comenzamos, sufrimos hostigamiento y llamdos de atención de todo tipo, hasta infantiles. Hasta nos dieron dos multas, menores. Por el 5% de la facturación”, relató Martín Dunezat, dueño de la empresa DNZT.
Una de las empleadas que tomaron al ganar la licitación, les comentó una situación que les pareció por lo menos, extraña: “Dos de esas empleadas comentan la existencia de situaciones previas a la incroporación de DNZT. Entre ellas, una reunión entre Gabriela Méndez Stiglich que en ese moomento era la directora de compras del IPV, y el señor José Lorenzo. Entonces reúnen a estas chicas diciéndoles que las quieren ayudar, y les arman una empresa que se llama “Las Retamas”. Esta empresa, está creada por esas personas pero ponen como gerenta a una de las chicas que hoy son empleadas nuestras. Les acomodan todo para que puedan entrar en las licitaciones”, siguió explicando Dunezat.
Según narró el empresario, en más de una ocasión, la licitación se realizó de una forma en que se veía una clara inclinación a favorecer a la empresa Las Retamas. Luego, llegó la proposición a una empresa Bahía Azul de Ushuaia, que fabrica productos de limpieza. “Le piden la exclusividad a esta empresa, que es además, de la mamá de una de las empleadas. Y lo hacen porque en el pliego hay una cláusula que dice que van a tener preferencia las empresas que usen insumos de producción fueguina”, explicó Dunezat.
Finalmente, firman un acta acuerdo. Estas versines, están confirmadas por las propias personas que participaron de esta reunión: “Ellas me confirman esta situación. Hasta la chica que oficiaba de gerenta en Las Retamas. Que no se daba cuenta aún que estaba siendo engañada. Porque Lorenzo, después de armada la empresa, les pide a todas que le firmen un poder administración de la empresa. Y esto es lo que yo estoy denunciando”, aclaró Martín Dunezat.
Allí, luego de agotar las notas y los canales administrativos, el empresario acudió directamente al presidente del IPV
“cuando denunciamos esta situación ante el presidente del IPV, en vez de acompañarnos e investigar, pasa a la parte de seguridad, y nos pide una auditoría de libros. Con un hallazgo, que no tiene funndamentos, nos corta el pago del mes julio, agosto, y septiembre. A la fecha el IPV nos está debiendo alrededor de 5 millones y medio de pesos, y hoy nos mandó la rescición del contrato, en la parte de seguridad, en un acto totalmente extorsivo”, denunció Dunezat.
El empresario agegó que al daño en sí de la falta de pago, se le suman las deudas que enera el mantener las cargas sociales y demás gastos: “A todas estas chicas que estuvieron involucradas, quedaron con una deuda en AFIP, porque nadie les dijo que tenían que pagar la jubilación todos los meses. Una de ellas, tenía hasta 20 mil pesos de deuda”, explicó.
Dunezat sostuvo que realmente, cree que la Gobernadora Rosana Bertone no debe estar al tanto de estas irregularidades, y que en varias oportunidades intentaron acercarle la inquietud, pero no tuvieron éxito.
“Yo estoy preocupado por las cuarenta familias que se suman a los desocupados de la provincia. Nosotros como empresa somos sólidos, tenemos muchos clientes de Nación, de municipios, tenemos más de 2000 domicilios privados que hace más de 15 años estamos brindando servicios de monitoreo y seguridad, o sea, no dependemos del IPV. Queremos arreglar la situación porque es un negocio, por las familias que están detrás de nosotros. Y queremos que la opinión pública sepa que pusimos la mejor intención. Que todos estos meses continuamos pagando los sueldos, que intentamos por las vías administrativas, no fuimos a la justicia a la primer falta de pago. Pero no tuvimos nunca respuesta”, agregó el empresario.
Y concluyó: “Yo entiendo que, teniendo en cuenta que hace más de 17 años que comenzamos, somos una empresa totalmente local, con más de 110 personas… Creo que la gobernadora al saber esto, tiene que cambiar esa mirada tan sesgada que está teniendo el IPV”.