BUENOS AIRES (NA).- Los responsables de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) reconocieron hoy ante la Corte Suprema de Justicia que el plan de saneamiento y recomposición del agua viene muy retrasado, principalmente en lo que respecta a la urbanización de asentamientos.
Según los datos que tiene el máximo tribunal argentino, en la década que tiene en funcionamiento, el organismo sólo pudo completar un 22% de las viviendas que prometió construir para relocalizar a las familias que viven a la orilla del río y que corren serio riesgo de salud.
Durante la audiencia, que duró casi tres horas, los miembros de la Corte le consultaron a los directivos de ACUMAR por la actualidad de esta problemática y por las tareas que están realizando para cumplir con el fallo que ordenó el saneamiento de la cuenca.
«No se entregan viviendas si no están los servicios básicos asegurados, esto tiene que ver con la dilación de los tiempos por la cual no se pudieron entregar muchas viviendas», explicó al respecto Dorina Bonetti, presidenta del organismo.
La funcionaria aseguró que este es uno de los principales temas que no la «dejan dormir», aunque consideró que el principal problema por el cual no se pudo cumplir con esta meta fue «la falta de previsión» de anteriores gestiones.
«No se pudo avanzar, por un lado porque no se puede andar entregando casas que no tengan los servicios básicos garantizados y, por otro lado, porque los proyectos fueron presentados para lugares que estaban fuera de las zonas por la que se mueven las personas», agregó Bonetti.
Varios de los vecinos afectados por la situación del Riachuelo se presentaron al recinto e intentaron ingresar a la audiencia pública, aunque fueron contenidos por efectivos de la Policía Federal.
Al grito de «queremos entrar», los manifestantes lograron traspasar una de las puertas del cuarto piso de Tribunales, pero no lograron ingresar a la sala principal de la Corte Suprema.
Durante su exposición, la actual presidenta de ACUMAR precisó que muchos de los complejos habitacionales que se pretendían construir para relocalizar a las familias que viven a la orilla del Riachuelo se ubicaban en regiones en las que «no hay escuelas, unidades de salud ni acceso a los medios de locomoción».