Será mediante videoconferencia. Miguel Ángel Garde y Belisario Gustavo Affranchino Rumi deberán declarar hoy y para mañana está previsto que lo hagan Eduardo Luis Gassino y Gustavo Adolfo Calderini. Las audiencias serán dirigidas por la jueza federal Mariel Borruto.
RIO GRANDE.- La megacausa que investiga mas de un centenar de casos denunciados respecto del conflicto de 1982 tiene hoy el inicio de la primera tanda de indagatorias previstas por la jueza federal Mariel Borruto desde el Juzgado Federal local.
En esta primera tanda de indagatorias son cuatro los imputados llamados; Miguel Ángel Garde y Belisario Gustavo Affranchino Rumi a partir de las 8:30 de hoy, previéndose para mañana viernes a Eduardo Luis Gassino y Gustavo Adolfo Calderini en sus respectivas indagatorias
Están imputados de delitos de lesa humanidad como torturas y estaqueamientos a sus propios soldados subordinados en Malvinas, durante el conflicto, aunque no estarán presentes físicamente en Río Grande, sino que las audiencias se llevarán a cabo por videoconferencia con los juzgados federales de sus respectivas ciudades de residencia.
La audiencia será conducida desde Río Grande por la jueza Mariel Borruto, acompañada del fiscal Marcelo Rapoport que acusará formalmente y el defensor oficial que los asistirá será el doctor Guillermo Garone.
La videoconferencia se llevará a cabo en el nuevo edificio de la Justicia Federal sobre avenida San Martín, donde funcionará el área penal, en un inmueble que está a la vuelta de su tradicional ubicación de calle Libertad, lugar donde permanecerán funcionando las Secretarías de los fueros civil y comercial.
Hacer memoria
Ernesto Alonso, excombatiente y secretario de Derechos Humanos del Centro de Combatientes de la ciudad de La Plata, es parte querellante en la causa y el pasado lunes escribió la siguiente reflexión para la agencia de noticias Télam:
El próximo 5 y 6 de diciembre el Juzgado Federal de Río Grande en Tierra del Fuego comenzará a tomar las primeras cuatro declaraciones indagatorias a los militares acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra de Malvinas en 1982.
Son más de 120 hechos denunciados hasta el momento donde aparecen como responsables unos 95 militares de distintos rangos y escalafones pertenecientes a las tres fuerzas armadas; Ejército, Armada y la Fuerza Aérea.
Más de 37 años han transcurrido de aquellos hechos por los cuales todavía nos preguntamos por qué ocurrieron. Si la guerra es la continuación de la política por otros medios, la de Malvinas fue la continuidad del terrorismo de Estado aplicado a los jóvenes soldados conscriptos, víctimas colectivas de una decisión tomada por la dictadura cívico militar que nos llevó a una aventura bélica.
El derrotero de la causa y la investigación ha devenido en un elemento sustancial a la hora de constatar que en Malvinas se aplicaron las prácticas y doctrinas imperantes durante el período 1976/83 bajo la doctrina de la Seguridad Nacional en la región, que encuentran una resonancia de incalculable valor al momento de investigar y eventualmente juzgar a los autores materiales.
La batalla por la memoria, es una batalla que exige una tarea cotidiana y como sociedad debemos entender y aprender de los errores propios, y castigar a quienes nos llevaron como en nuestro caso, al horror de la guerra, y a condenar las graves violaciones a los derechos humanos para que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables y no sean protegidos por un manto de impunidad como hasta ahora.
La guerra de Malvinas no solo dejó secuelas en los exsoldados que participaron en ella, sino que dejó en general un profundo dolor en la sociedad argentina y percepciones promovidas desde sectores que reivindican «la guerra» para construir una realidad mítica y olvidar así que la decisión de llevar adelante la recuperación de los territorios usurpados por la vía militar se tomó durante un gobierno de facto que lamentablemente nos alejó de Malvinas.
Los exsoldados conscriptos fuimos víctimas y testigos de las aberraciones cometidas por oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que se constatan en los testimonios de los que sufrieron en carne propia la tortura física, psicológica y los estaqueamientos.
Somos testigos de la impericia y la irresponsabilidad de quienes nos conducían. Tanto la guerra como el reclamo de soberanía deben pensarse desde la perspectiva de los derechos humanos. Las graves violaciones que allí se cometieron deben ser investigadas por el Poder Judicial de la Nación sin más dilaciones, en el contexto de Terrorismo de Estado y en el marco de los procesos de Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía.
Las torturas existieron y existen, los torturados existieron y existen, los torturadores existieron y existen, está en manos del Poder Judicial de La Nación, en cabeza de la Dra. Mariel Borruto a cargo del Juzgado Federal de Río Grande, terminar con la impunidad.