De prosperar la investigación, la causa podría derivar en pedidos de indagatoria y capturas internacionales a los directores, gerentes, síndicos o representantes de las empresas denunciadas; tres de ellas británicas y dos de los Estados Unidos. Ayer el vicegobernador Roberto Crocianelli se reunió con el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella y el fiscal general de Ushuaia, Adrián García Lois.
RIO GRANDE.- La presentación contra cinco empresas extranjeras que realizan actividades ilegales de exploración de hidrocarburos quedará formalizada ante la Justicia Federal de Tierra del Fuego, ratificaron fuentes de la Procuración General de la Nación. Así lo confirmaron a Télam fuentes de la Procuración General de la Nación.
La denuncia será formalizada por el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella; el fiscal general de Ushuaia, Adrián García Lois; y el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport. Lo harán ante la titular del Juzgado Federal de Río Grande, doctora Lilian Herráez.
Las empresas que serán denunciadas son: La británica Falkland Oil and Gas Limited (FOGL) y las estadounidenses Noble Energy y Edison International que renunciaron por el momento a perforar un segundo pozo en el mar en la zona sur y este de la cuenca de las Malvinas. La imputación del gobierno argentino fue presentada concretamente contra los directores, gerentes, síndicos o representantes de las empresas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA.
De prosperar la investigación, la causa podría derivar en pedidos de indagatoria y capturas internacionales a los directores, gerentes, síndicos o representantes de las empresas denunciadas; tres de ellas británicas y dos de los Estados Unidos.
Tras de esas empresas anunciaron -tras la denuncia del gobierno argentino que fue presentada por la Cancillería y el ministerio de Planificación Académica-, que postergarán a una fecha indeterminada una perforación en las inmediaciones de las islas debido a las bajas cotizaciones del petróleo.
Encuentro con Crocianelli
Ayer, el vicegobernador Roberto Crocianelli, acompañado por el ministro Jefe de Gabinete, Sergio Araque; se reunió con el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella y el fiscal general de Ushuaia, Adrián García Lois, en relación a la denuncia penal contra petroleras que operan en las Islas Malvinas.
Crocianelli comentó que “la Provincia le va a aportar todos los antecedentes que sean requeridos” ya que “tenemos toda la historia de nuestro mapa petrolero, y lo que la investigación requiera va a ser brindado abiertamente por el Gobierno de la Provincia”.
El Vicegobernador aclaró que “si este hecho hubiera sucedido en otras coordenadas geográficas de la República Argentina, se hubiesen tomado los mismos recaudos. Se hace porque es una explotación ilegal en nuestra plataforma continental”.
El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, indicó que “no son sólo empresas de origen inglés, ya que existen empresas subcontratadas que han sido utilizadas para poner mano de obra y tecnología porque este tipo de actividad necesita monitoreos”; asegurando que “son más de cinco empresas las involucradas en este tipo de maniobras”.
Destacó que “este caso no tiene que ver con el reclamo histórico de nuestro país sobre la soberanía de nuestra islas, sino con un caso donde se investigan maniobras criminales de explotación y exploración ilegal de hidrocarburos, y delitos contra el medio ambiente”.
Por su parte, el fiscal general de Ushuaia, Adrián García Lois, indicó que “el centro de nuestra denuncia se basa en que son empresas multinacionales, de mucha trayectoria, que tienen sus filiales en distintos puntos del mundo y que cuentan con estudios y departamentos jurídicos especializados en derecho internacional. Esto da la pauta de que conocen la legislación argentina la cual exige el pedido de autorización para la tarea de exploración y explotación petrolífera y que si no lo hacen constituye un delito”.